La corrupción en el Perú sigue dejando huellas, esta vez en la región de Huánuco. Los profesores y líderes que deberían velar por el bienestar de la sociedad han aprovechado sus posiciones de poder para llenar sus bolsillos, en detrimento de las necesidades de los más vulnerables.
Tal como ha ocurrido con Pedro Castillo y su entorno, el “Clan Alvarado” ha sido desarticulado por la Fiscalía Anticorrupción tras llevar a cabo un plan delictivo para entregar obras sin culminarlas y cancelarlas. Además de utilizar a sus hijos, colaboradores y funcionarios del gobierno regional para llevar a cabo sus actos delictivos.
La investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción de Lima ha permitido conocer la magnitud de los actos delictivos que afectaron a nuestra región Huánuco. Han sido allanados más de 20 locales en Lima, Pasco y Oxapampa, y se ha capturado a más de una veintena de personas, incluyendo a los hijos y colaboradores de Juan Alvarado Cornelio.
La Fiscalía de Huánuco, entendemos que la gran mayoría de denuncias fueron encarpetadas y hasta archivadas. Fue la presión social y de la prensa lo que provocó se instale una oficina exclusiva para casos de corrupción de funcionarios huanuqueños, de quienes sabemos han gozado de impunidad por muchos años.
Los afectados son los más vulnerables, los cientos de familias que perdieron a sus familiares, los niños que no tienen carpetas y mesas para empezar el nuevo año escolar, los enfermos que no tienen acceso a oxígeno y medicinas, los pueblos altoandinos que no tienen acceso a servicios básicos y vías de comunicación decentes.
En fin, las irregularidades son muchas y las detectadas por las autoridades son solo algunas. Esperemos que el trabajo no quede ahí y los implicados sean castigados ejemplarmente, evitando que retomen su libertad como si nada hubiera pasado.
En solo tres años, Juan Alvarado Cornelio y familia ha multiplicado su fortuna, lo cual no tiene nada de malo, sin embargo, todo parece indicar que ha sido a costas de dinero del estado, dinero que todos los peruanos pagamos a través de nuestros impuestos.
Por supuesto que la responsabilidad no solo recae en Alvarado y su círculo oscuro, sino también en empresarios irresponsables que se prestaron para llevar a cabo estos actos delictivos y que entendemos deberán devolver el dinero e ir a la cárcel.
Es necesario que se lleve a cabo una investigación minuciosa y que los responsables paguen por sus actos. Los afectados merecen justicia y la sociedad no puede permitir que se sigan robando los recursos que deberían ser destinados a los servicios básicos que necesita la población.
El Ministerio Público debe trabajar con seriedad y los jueces con mucha responsabilidad para que no vuelvan a repetirse estos actos de corrupción en el futuro.
