En las últimas cuatro décadas, la Amazonía peruana ha sido testigo de una revolución silenciosa, pero devastadora, impulsada por la minería ilegal. Según datos recientes, la superficie impactada por esta actividad minera se elevó en un asombroso 2,325% desde 1985. En ese entonces, la minería afectaba solo 619,7 hectáreas; hoy, la cifra supera las 97,000 hectáreas en 2024. Estos datos revelan que la minería controla actualmente 157 veces más territorio en la Amazonía que hace cuarenta años, y la tendencia sigue al alza, arrasando ríos, bosques y poniendo en jaque tanto la biodiversidad como las comunidades indígenas.
Este fenómeno ocurre en un contexto de creciente violencia y crimen organizado, sobre todo en regiones como Madre de Dios, que hoy concentra más del 50% de la superficie minera nacional. Otras regiones altamente afectadas incluyen Puno, Arequipa, Ica, Cajamarca y La Libertad. La deforestación y el avance de las dragas mineras han marcado ríos emblemáticos como el Santiago y el Cenepa, llevando a cabo una extracción de oro que trasciende lo económico y amenaza los cimientos ecológicos del pulmón sudamericano.
La huella ambiental y social: deforestación y pérdida de territorio
En el mismo periodo en que la minería avanzaba, Perú perdió 4,1 millones de hectáreas de vegetación natural. La Amazonía, representando el 61% del territorio nacional, es el bioma más castigado, con 3 millones de hectáreas perdidas desde 1985. El gran impacto, sin embargo, no es solo ambiental.
Comunidades indígenas, como San José de Karene, Barranco Chico y Kotsimba en Madre de Dios, han perdido una parte significativa de sus territorios ancestrales. También la infraestructura urbana y la agricultura han ido desplazando la vegetación nativa, aunque el avance de la actividad minera y sus consecuencias resultan particularmente irreversibles: a diferencia de la agricultura, la minería destruye el suelo de tal forma que imposibilita la recuperación del bosque.
El fenómeno se extiende más allá de la Amazonía, afectando el Bosque Seco Ecuatorial, los Andes y el Desierto Costero, aunque en proporciones menores. No obstante, la Amazonía es un caso paradigmático: al menos 30 distritos de cinco regiones selváticas registran actividades mineras, y en 479 distritos del país la superficie agropecuaria ya supera a la vegetación natural.
Crimen organizado, precios récord del oro y salud pública: las nuevas amenazas
El avance de la minería ilegal no solo ha sido impulsado por la debilidad de la fiscalización estatal. El precio internacional del oro, que en junio de 2025 se sitúa en torno a los USD 3,391,90 por onza, convierte la extracción ilegal en una de las actividades más lucrativas para el crimen organizado. Informes recientes estiman que las exportaciones de oro ilegal representaron US$7,627 millones en 2024, incrementando la competitividad de esta “economía criminal” incluso por encima del narcotráfico tradicional. Esta rentabilidad fomenta la convergencia de distintas actividades ilícitas y alienta no solo el lavado de dinero sino también el control social y político de territorios completos por parte de redes criminales.
La devastación no se limita a la pérdida ambiental o económica. Cifras del Centro de Innovación Científica Amazónica revelan que solo en Madre de Dios se liberan al ambiente más de 180 toneladas de mercurio al año, contaminando el aire, el agua, los alimentos y afectando directamente la salud de las comunidades indígenas y habitantes locales. El metilmercurio, altamente tóxico, ingresa a la cadena alimenticia y genera peligrosas consecuencias para generaciones enteras. La presión permanente, los desplazamientos forzados y el aumento de amenazas contra líderes indígenas y periodistas que exponen esta crisis completan un panorama alarmante.
Perspectivas a futuro: ¿Hay esperanza para la Amazonía peruana?
A pesar del avance de la minería ilegal, algunos indicadores sugieren que la tasa de deforestación podría estar desacelerándose en los últimos dos años, gracias en parte a nuevas tecnologías de monitoreo satelital como Amazon Mining Watch y una creciente presión internacional. Sin embargo, el daño acumulado es vasto: más de 141,000 hectáreas perdidas por minería de oro desde 2018 solamente en Perú, y una huella continental que supera los 2 millones de hectáreas.
Es urgente una articulación más eficaz entre el Estado, la comunidad internacional y la sociedad civil para reforzar la gobernanza ambiental, enfrentar el crimen organizado y proteger los derechos de las comunidades indígenas. La naturaleza imparable de la minería ilegal, sostenida por precios récord y criminalidad transnacional, exige respuestas estructurales y un enfoque integral para la recuperación y defensa de la Amazonía, el tesoro ecológico más valioso del planeta.
