En una región históricamente postergada, donde los servicios básicos aún no alcanzan estándares adecuados y donde el peso del bolsillo popular es cada vez más insoportable, resulta inadmisible que Huánuco registre la tarifa eléctrica más alta del país: 0.94 soles por kilovatio-hora, pese a estar exonerada del Impuesto General a las Ventas (IGV).
El reclamo que ahora enarbola la Cámara de Comercio de Huánuco no es aislado ni improvisado. Es una demanda legítima que recoge la preocupación de miles de familias, comerciantes y pequeños productores que ven cómo el precio de la energía crece sin explicación, sin transparencia y sin que ninguna autoridad nacional asuma responsabilidad directa.
Desde esta tribuna editorial, debemos remarcar que intentamos recoger la versión del gerente de Electrocentro, empresa que opera el servicio en Huánuco. No solo declinó brindar declaraciones, sino que derivó toda responsabilidad a Osinergmin, el organismo regulador del sector. “Electrocentro no regula o estipula el precio de la energía”, nos indicó su personal de prensa, señalando que solo Osinergmin tiene atribución para fijar tarifas.
Esa respuesta institucional no basta. Mucho menos cuando lo que se cuestiona es la falta de correlación entre la exoneración del IGV y el precio final que llega al usuario. Si el impuesto fue eliminado, ¿por qué las tarifas no bajaron? ¿Se están generando sobrecostos ocultos? ¿Quién se beneficia del diferencial?
Las autoridades deben entender que no están gestionando una cifra contable, sino una necesidad social. Como advirtió la Cámara de Comercio, el impacto del alza tarifaria golpea con más dureza a quienes menos tienen. En Huánuco, pagar la luz se ha convertido en una prioridad incluso por encima de la salud y la alimentación. Y mientras tanto, una hidroeléctrica opera en el mismo territorio sin que sus beneficios repercutan en los precios locales.
Este medio ha solicitado, como corresponde al ejercicio periodístico responsable, una explicación técnica por parte de Osinergmin. La población merece saber por qué paga más y qué criterios justifican esa tarifa. Hasta el cierre de esta edición, tampoco se ha recibido una respuesta oficial.
Exigimos que se transparente el esquema tarifario. Que se revise, si corresponde, el criterio de distribución de costos. Que se escuche a la ciudadanía y se garantice un acceso justo y asequible a un recurso esencial como la energía eléctrica.
Huánuco no puede seguir pagando el precio de la indiferencia institucional.
