La seguridad minera en la provincia de Pataz, La Libertad, vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras la confirmación del asesinato de 13 trabajadores mineros, quienes habían sido secuestrados el pasado 26 de abril. Este lamentable suceso ha desatado una ola de indignación y acusaciones directas hacia el Gobierno central, poniendo en tela de juicio la efectividad del estado de emergencia decretado en la zona para combatir la creciente criminalidad ligada a la minería ilegal, un problema que, según informes de la Defensoría del Pueblo, se ha intensificado en los últimos años en la región.
Según la investigación publicada por El Comercio, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariño, ha alzado su voz con vehemencia, responsabilizando al Ejecutivo por la falta de acción contundente durante el tiempo que duró el secuestro de los mineros. Las declaraciones del burgomaestre reflejan la frustración de una comunidad que se siente desamparada frente a la violencia desatada por grupos criminales que operan en la zona.
El alcalde Mariño no dudó en calificar el accionar de los secuestradores como un “acto totalmente terrorista”, exigiendo que se les trate como tal. En sus declaraciones, lamentó la inacción de las fuerzas del orden, argumentando que una intervención oportuna podría haber evitado el trágico desenlace. El cuestionamiento al rol de la Policía y del Gobierno central se centra en la supuesta falta de “coraje” para ingresar a la zona y rescatar a los trabajadores, dejando entrever una presunta negligencia que habría facilitado el asesinato de los mineros.
Una de las acusaciones más graves realizadas por el alcalde es que, según información extraoficial, fueron los propios trabajadores, y no la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes hallaron los cuerpos de las víctimas. De ser cierto, este hecho pondría en entredicho la efectividad de los operativos de búsqueda y rescate desplegados por las autoridades durante el estado de emergencia. Mariño ha exigido a la PNP que aclare esta información, subrayando la necesidad de transparencia en la investigación del caso.
Más allá de las responsabilidades directas en el crimen, el alcalde Mariño también ha apuntado a la empresa minera Poderosa, vinculada contractualmente con R&R, la firma empleadora de los fallecidos. El burgomaestre considera que Poderosa tiene una “responsabilidad moral y social” para con las familias enlutadas, instándola a brindar apoyo integral a los huérfanos, garantizando su educación, alimentación y vestimenta. Esta exigencia se enmarca en un contexto de creciente debate sobre el rol de las empresas mineras en el desarrollo social de las comunidades donde operan, especialmente en zonas afectadas por la pobreza y la violencia.
En un mensaje directo al Gobierno central, Mariño solicitó apoyo concreto para las rondas campesinas, organizaciones comunitarias que, ante la ausencia del Estado, se han encargado de la seguridad en zonas rurales. El alcalde enfatizó la necesidad de equipar a las rondas campesinas con chalecos antibalas y otros recursos, argumentando que estos grupos se enfrentan al crimen organizado con escasos medios. La petición del alcalde refleja una realidad preocupante: la falta de presencia estatal en zonas alejadas y la necesidad de empoderar a las comunidades para que puedan defenderse de la delincuencia.
Finalmente, Mariño expresó el sentimiento de abandono que prevalece en la provincia de Pataz, a pesar de su significativa contribución a la economía nacional a través de la producción de oro. El alcalde reclamó una mayor inversión en desarrollo para la región, señalando que la población local solo busca una retribución justa por los recursos que aporta al país. Esta demanda pone de manifiesto la necesidad de un nuevo pacto entre el Estado, las empresas mineras y las comunidades locales, que permita un desarrollo sostenible y equitativo en las zonas de extracción de recursos naturales.
