Por: Nilton O. Alvarado Calixto (*)
Según la Organización Mundial de la Salud, es una persona mayor de 60 años, aunque algunos países desarrollados lo consideran a partir de los 65 años. Esto de manera general, ya que no existe un momento concreto determinado biológicamente en la que una persona se convierta en anciana, algunas pueden volverse funcionalmente adultos mayores a una temprana edad como consecuencia de enfermedades o malas condiciones de vida; es decir no siempre la edad cronológica corre paralelo a la edad biológica.
Este grupo poblacional está en aumento a nivel mundial, las personas viven más que antes, así tenemos por ejemplo que en el año 2020 el número de personas mayores de 65 años fue de más o menos 1000 millones en el mundo y ha superado al número de niños menores de 5 años; proyectándose que para el año 2050 una duplicación de esta población pasando del 12% al 22%. Es evidente en estas personas el deterioro físico y mental, el mecanismo exacto responsable de estos fenómenos se desconocen, pero se cree que obedecen a cambios biológicos como: disfunción mitocondrial, daños en el ADN, alteración del endotelio vascular, degeneración neurológica, disfunción metabólica, etc., además la velocidad de envejecimiento puede acelerarse por la presencia de enfermedades previas sobre todo crónicas, con los malos estilos de vida, tipo de alimentación no saludable, inactividad física, alcohol, sedentarismo, aislamiento social, depresión, etc.
El deterioro de las facultades mentales se relaciona al envejecimiento cerebral, que se hace evidente desde los 50 y 55 años con picos a los 70 y 78 años; afectando la capacidad de realizar tareas cotidianas como: toma de decisiones, manejo emocional, aprendizaje, inteligencia, coordinación de movimientos, equilibrio, etc. Todo esto debido a la reducción del volumen cerebral y de las conexiones neuronales, especialmente en áreas que tienen que ver con el aprendizaje, disminución del flujo sanguíneo, disminución de la comunicación eficiente neuronal, acumulación de proteínas y pigmentos dentro y fuera de la neurona, alteración en la producción de neurotransmisores, disminución de la sensibilidad y reflejos, principalmente. Teniendo en cuenta todo esto, sería interesante reducir algunos años a la edad límite de jubilación en nuestros servidores públicos, que en la mayoría de instituciones es de 70 años, en el sector educación 65 años, en salud (médicos) 75 años y en el docente universitario no tiene límites pudiendo continuar laborando hasta su muerte. Tema complejo, que tiene que ver con el pago que percibe el cesante (AFP y ley 19990) que son montos bajos, viéndose prácticamente obligados a seguir laborando hasta las edades límites y mucho más. Ojalá la luz ilumine a nuestros congresistas y autoridades y se dé un replanteamiento en la legislación laboral que beneficie este grupo etario, de la misma manera, haya mejoras sustantivas en las pensiones para que nuestros adultos mayores tengan una mejor calidad de vida exenta de responsabilidades formales.
En el país hay más de 4 millones de adultos mayores, de estos el 78.9% tienen algún problema de salud crónico. Si tenemos en cuenta además que en el país el 30% de la población es pobre, podemos inferir que la demanda de atenciones de salud sobrepasa largamente a la oferta brindada por el Ministerio de Salud a través del Seguro Integral de Salud (SIS), que en teoría cobertura a todas las personas no aseguradas en ESSALUD ni en seguros privados. La precariedad del SIS repercute en la calidad de atención médica que se le brinda a la población, incluido al grupo de los adultos mayores. Por otro lado, también es importante conocer que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) como ente rector en la promoción y protección de los derechos de la persona adulta mayor, debe implementar y hacer efectivos sus programas y acciones, a través de los Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM). Como se puede apreciar las normativas y las buenas intenciones existen, lo que falta son decisiones políticas y recursos económicos para que estas instituciones cumplan a cabalidad las responsabilidades encomendadas.
El estado peruano tiene la obligación de brindar una protección efectiva del adulto mayor, con acciones como atención integral de salud, igualdad de oportunidades, vida digna, apoyo familiar y social, programas de educación y capacitación, atención preferente en servicios de salud y transporte, cultura y recreación, atención inmediata en casos de emergencias; protección contra la explotación y respeto a su integridad física y psicoemocional, no ser discriminado en ningún lugar público y privado, etc. Además, hay programas como Pensión 65 que brinda una subvención económica de 250 soles cada 2 meses; programa vida activa que promueve actividades físicas, deportivas y recreativas (caminatas, juegos, gimnasia, taichi, danzas, etc.); programa nacional de gratitud, que tiene la obligación de implementar acciones para prevenir el riesgo, identificar y atender a personas adultas mayores en situación de riesgo y actividades de capacitación. Es importante que conozcamos todo esto, para exigir a las instituciones respetivas que cumplan con el compromiso establecido por ley N° 28803, y que estos beneficios lleguen a la mayoría de personas, incluyendo a las de zonas urbano marginales y rurales.
A lo que debemos aspirar como sociedad del siglo XXI, es que todos los adultos mayores tengan una vida tranquila y cómoda, teniendo muy en cuenta las siguientes recomendaciones generales: integrarlos a la vida familiar, brindarles atención y espacios donde se sientan útiles, llevarlos a sus controles médicos, donde realicen actividades físicas y ejercicios mentales, promoviendo la creación de más centros de atención para personas adultas mayores por todo el país, bien implementados, con profesionales competentes y que ofrezcan programas en los que se presten servicios de atención básica, de integración familiar, recreativos, socioculturales y productivos.
Como acabamos de ver la normatividad existe, así como las buenas intenciones, el gran problema radica en su aplicación, a cuántas personas cobertura, si los servicios son de calidad como corresponde. Es obvio que el cumplimiento de los diferentes programas para el adulto mayor va a requerir de una voluntad política y partidas presupuestales respectivas; y, como sucede siempre cuando se trata de beneficiar a un grupo etario que no constituye la población económicamente activa, la respuesta no será oportuna o será insuficiente.
Amigos, si bien es cierto que nuestro país no cuenta con grandes recursos económicos como para satisfacer a todos; pero, lo cierto es que lo mucho o poco que podemos tener, no sabemos administrarlo principalmente por la corrupción generalizada existente en el aparato estatal. Según la Contraloría General de la República al año se van al bolsillo de los corruptos 25,000 millones de soles, imagínense ustedes, cuánto se puede hacer con esta cantidad de dinero. Por otro lado, están los grandes gastos e inversiones innecesarias por nuestros gobernantes, así tenemos a la mala inversión hecha por Humala en Petroperú y los posteriores gastos para evitar su quiebra, la compra del satélite en ese mismo gobierno, hace algunas semanas atrás la aprobación de la compra de aviones de combate para la fuerza aérea por el actual gobierno. Son miles de millones de dólares perdidos, sin haberse realizado buenos estudios técnicos de costo beneficio; es más, en su momento fueron muy cuestionados, por gente conocedora de los temas y que no los recomendaban; pero más primaron los intereses particulares y las comisiones de por medio, que obnubilaron a las autoridades. Dinero que bien utilizado podría servir para mejorar la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la calidad de vida del adulto mayor, etc.
Recordarles así mismo que la preocupación por el adulto mayor es mundial, tanto así que las Naciones Unidas ha declarado al período 2021-2030 como la “Década del envejecimiento saludable” y pretende aunar esfuerzos de los gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales, profesionales, medios de comunicación y sector privado para llevar a cabo una acción concertada y colaborativa orientada a promover vidas largas y saludables. El objetivo es reducir las desigualdades en materia de salud y mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y comunidades. Para esto debemos comenzar cambiando nuestra forma de pensar, sentir y actuar en relación con la edad y edadismo, fomentando las capacidades de las personas mayores. Para finalizar, decirles que, como sociedad consecuente tenemos una tarea larga con la participación de todos, lograr un pueblo peruano con una calidad de vida del adulto mayor cada vez mejor, de esto estoy seguro.
(*)Médico Gineco Obstetra
Docente Principal En La Facultad De Medicina – UNHEVAL
