El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha responsabilizado a 30 altos funcionarios por las devastadoras inundaciones que, según informes, cobraron la vida de aproximadamente 4.000 personas. En una medida extrema y característica de su régimen, Kim ordenó la ejecución de estos funcionarios, a quienes acusó de negligencia y fallos graves en la gestión de las crisis derivadas de las fuertes lluvias.
Corrupción y negligencia, las causas de las ejecuciones
Los funcionarios ejecutados fueron acusados de corrupción y abandono de sus deberes durante la emergencia. Según la cadena surcoreana TV Chosun, la ejecución masiva se llevó a cabo a finales de agosto, tras una investigación que concluyó que su inacción y negligencia habían agravado el impacto del desastre. Las inundaciones, que sumergieron más de 4.000 edificios y 3.000 hectáreas de tierras agrícolas en las ciudades de Sinuiju y Uiju, provocaron un colapso de los servicios de emergencia en las zonas afectadas.
El régimen norcoreano, conocido por aplicar castigos severos a aquellos considerados responsables de fallos graves en la administración pública, respondió con dureza a esta crisis. Las ejecuciones se llevaron a cabo de forma pública, lo que refleja la implacable política del gobierno de Kim Jong-un para con aquellos que no cumplen con sus responsabilidades en momentos críticos.
Rechazo de ayuda internacional y plan de reconstrucción
A pesar de la magnitud del desastre, Kim Jong-un, rechazó la ayuda internacional y optó por trasladar a las 15.000 personas desplazadas a la capital, Pyongyang, mientras ordenaba la reconstrucción de las áreas afectadas en un plazo estimado de dos a tres meses. La negación de la magnitud de las pérdidas humanas y el rechazo a la ayuda externa son característicos del régimen norcoreano, que habitualmente se muestra reticente a aceptar asistencia internacional por temor a exponer las debilidades internas del país.
El aumento de ejecuciones en Corea del Norte
Las ejecuciones públicas en Corea del Norte no son inusuales. Antes de la pandemia de COVID-19, el país registraba un promedio de 10 ejecuciones públicas anuales, cifra que ha crecido exponencialmente en los últimos años, según el Korea Times. Informes recientes sugieren un aumento en las ejecuciones de jóvenes como parte de los esfuerzos del régimen para limitar la influencia de la cultura surcoreana en la población norcoreana.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha condenado repetidamente la “aplastante represión” del régimen de Kim Jong-un, que lleva a muchos ciudadanos norcoreanos a buscar desesperadamente una salida del país. En julio, Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado, reafirmó el rechazo del gobierno estadounidense a las constantes violaciones de derechos humanos en Corea del Norte, destacando que el régimen impone castigos severos para mantener el control absoluto sobre su población.
