Familiares de Chad Joseph (26) y Rishi Samaroo (41), ciudadanos de Trinidad y Tobago, presentaron una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos por la muerte de ambos en un ataque militar ocurrido el 14 de octubre en aguas del Caribe. La acción judicial fue interpuesta en una corte federal de Massachusetts y señala directamente a la administración del entonces presidente Donald Trump por presunto homicidio culposo y ejecuciones extrajudiciales.
Según el documento legal, la embarcación en la que viajaban Joseph y Samaroo fue atacada con misiles en el marco de una campaña militar estadounidense contra supuestas “narcolanchas”. No obstante, los demandantes sostienen que los fallecidos no tenían vínculos con el narcotráfico ni con organizaciones criminales, y que regresaban a su país tras realizar trabajos agrícolas y actividades de pesca en Venezuela.
La demanda cuenta con el respaldo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el Center for Constitutional Rights y especialistas en derecho internacional. En ella se califica el operativo como parte de una campaña “manifiestamente ilegal” que, de acuerdo con los demandantes, ha dejado más de 120 personas muertas en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre de 2025.
Versión oficial
Tras el ataque, el presidente Donald Trump afirmó públicamente que en la operación murieron “seis hombres narcoterroristas” implicados en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En declaraciones oficiales y publicaciones en redes sociales, aseguró que la inteligencia estadounidense había confirmado que la embarcación transportaba narcóticos con destino a territorio norteamericano.
La administración Trump defendió estas acciones como parte de una estrategia militar para frenar el flujo de drogas, describiéndolas como operaciones necesarias contra carteles y organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho pública evidencia que respalde la afirmación de que las embarcaciones atacadas estaban vinculadas al narcotráfico.
Los familiares de las víctimas sostienen que, horas antes del ataque, Joseph y Samaroo se comunicaron con sus allegados para informar que se encontraban de regreso a casa, lo que, según la demanda, refuerza la tesis de que no representaban amenaza alguna para la seguridad de Estados Unidos.
Fundamentos legales
La acción judicial se apoya en dos normas clave del sistema legal estadounidense: la Ley de Muertes en Alta Mar, que permite presentar demandas por fallecimientos ocurridos fuera de las aguas territoriales del país, y el Alien Tort Statute, que habilita a ciudadanos extranjeros a reclamar por violaciones graves a los derechos humanos.
De acuerdo con el texto de la demanda, el ataque constituye un acto de asesinato premeditado y una violación de las normas internacionales que prohíben las ejecuciones extrajudiciales. Los demandantes buscan una compensación económica por los daños ocasionados, aunque no solicitan, por ahora, una orden judicial que impida la continuidad de este tipo de operaciones militares.
El caso reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza militar estadounidense fuera de su territorio y el impacto de estas acciones en civiles extranjeros, así como la responsabilidad legal de los Estados en operativos transnacionales contra el narcotráfico
