EE. UU. demanda a Harvard: el Departamento de Justicia exige registros de admisiones de 5 años tras la prohibición de la acción afirmativa de 2023.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha demandado a la prestigiosa Universidad de Harvard por negarse a entregar datos de admisiones durante los últimos 5 años, buscando asegurar la aplicación de la prohibición de la acción afirmativa de 2023 en sus procesos selectivos.
Según la investigación publicada por Times of India, esta acción judicial se suma a una serie de tensiones previas entre la administración y la universidad, la cual fue fundada en 1636 y es una de las instituciones académicas más antiguas y respetadas de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia Pide Datos Clave: El Plazo Fijo de Abril de 2025 se Ignora
La demanda, presentada el viernes en una corte federal de Massachusetts, acusa a Harvard de “frustrar” una investigación crucial. El Departamento de Justicia inició una revisión en abril de 2023, el mismo día en que la Casa Blanca emitió una serie de demandas alineadas con las políticas del presidente. Se solicitó información detallada de admisiones de los últimos cinco años, cubriendo no solo a los más de 50.000 estudiantes de pregrado que postulan anualmente, sino también a postulantes a sus escuelas de medicina y derecho. Este material incluye notas, resultados de exámenes estandarizados, ensayos personales, actividades extracurriculares y las decisiones de admisión, junto con datos de raza y etnia de los candidatos. El plazo inicial para la entrega de esta información era el 25 de abril de 2025, pero la universidad aún no ha proporcionado los datos, lo que generó la acción legal tras meses de espera.
¿Está Harvard Reteniendo Información para Evitar Escándalos Mayores?
Funcionarios del Departamento de Justicia insisten en que estos datos son vitales para determinar si Harvard ha continuado considerando la raza en sus decisiones de admisión, a pesar del fallo de la Corte Suprema de 2023 que prohibió la acción afirmativa. Harmeet Dhillon, quien dirige la División de Derechos Civiles del Departamento, calificó la negativa de Harvard como una señal de alerta. Declaró que “si Harvard ha dejado de discriminar, debería compartir con gusto los datos necesarios para probarlo”. La universidad, por su parte, ha afirmado estar cumpliendo con la decisión de la Corte Suprema y respondiendo a las solicitudes federales. Sin embargo, en un comunicado, Harvard denunció estas acciones como “represalias” iniciadas “simplemente porque Harvard se negó a renunciar a su independencia o a sus derechos constitucionales en respuesta a una extralimitación gubernamental ilegal”.
Un Debate Histórico: Acción Afirmativa y la Lucha por la Diversidad en 60 Años
Este conflicto se enmarca en un debate que ha durado más de 60 años en EE. UU., originado tras la Ley de Derechos Civiles de 1964. La acción afirmativa buscaba corregir desigualdades históricas y promover la diversidad, pero ha sido objeto de controversia por décadas, incluso llegando a la Corte Suprema en varias ocasiones. Harvard, con casi 390 años de existencia, ha sido un actor clave en esta discusión.
¿Son Estas Demandas un Instrumento de Venganza Política o de Justicia?
La administración ha argumentado que algunas universidades siguen considerando la raza en las admisiones, lo que podría desfavorecer a estudiantes blancos y asiático-americanos. Harvard, por su parte, sostiene que está siendo objeto de represalias inconstitucionales por resistirse a lo que denomina “demandas ideológicas” de la administración. Este litigio marca la última fase de una disputa prolongada. La universidad ha enfrentado la amenaza de recortes de más de 5 mil millones de dólares en fondos federales y otras sanciones después de rechazar una lista de exigencias de la administración el año pasado. Funcionarios han vinculado sus acciones a acusaciones de sesgo anti-judío en el campus, algo que Harvard rechaza rotundamente, calificando las medidas como punitivas. En total, la universidad maneja un presupuesto anual que supera los 5.000 millones de dólares y su enorme fondo patrimonial ascendió a 53.2 mil millones de dólares en el año fiscal 2023.
Miles de Millones en Juego: Las Implicaciones Financieras para la Institución
La administración también está apelando dos fallos judiciales previos que favorecieron a Harvard en demandas separadas, elevando a 3 el número de frentes legales activos para la institución. Simultáneamente, la Casa Blanca ha estado presionando a universidades de todo el país para que proporcionen datos de admisión similares, buscando evaluar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Se espera que el Departamento de Educación de Estados Unidos recopile información de admisión aún más detallada después de que el presidente firmara una acción ejecutiva sugiriendo que algunas instituciones estaban ignorando la decisión del tribunal. El verano pasado, la administración insinuó un acuerdo para restaurar la financiación federal de Harvard, que puede alcanzar los 100 millones de dólares anuales, pero el pacto no se materializó. Este mes, el presidente declaró que Harvard tendría que pagar mil millones de dólares como parte de cualquier acuerdo, duplicando una demanda anterior de 500 millones de dólares. Además, la universidad alberga más de 200 programas de investigación de vanguardia.
El Futuro Inmediato: Presión Federal y el Rol del Departamento de Educación en 2024
La Corte Suprema, con sus 9 jueces, dictaminó el 29 de junio de 2023 que las universidades no pueden considerar la raza en las admisiones, revirtiendo casi 45 años de precedentes. Este fallo fue el resultado de demandas presentadas por “Students for Fair Admissions” (SFFA) contra Harvard y la Universidad de Carolina del Norte. A raíz de esto, más de 20 meses después, alrededor de 10 estados ya tenían prohibiciones previas a nivel estatal que restringían la acción afirmativa.
¿Cómo Redefinirá este Fallo el Futuro de la Admisión Universitaria y la Autonomía Académica en EE. UU.?
Ahora, el tribunal deberá decidir si Harvard está obligada a presentar los registros solicitados. Más allá de esta cuestión legal inmediata, subyace un tema más amplio: cuán agresivamente el gobierno federal vigilará las prácticas de admisión post-acción afirmativa, y cómo las universidades equilibrarán el cumplimiento con su autonomía institucional, un principio valorado durante tres siglos. Ambas partes han enmarcado la disputa como una defensa de los derechos civiles, una narrativa que resuena profundamente en un país con cerca de 4.000 instituciones de educación superior. La decisión del tribunal no solo afectará a Harvard y sus 12.000 estudiantes matriculados, sino que moldeará la interpretación de esta compleja afirmación en la práctica para millones de postulantes en los próximos 10 años, redefiniendo el panorama educativo para más de 350.000 graduados vivos y marcando un antes y un después en el debate sobre equidad y mérito.
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