Contraloría y Fiscalía podrían intervenir tras denuncias de uso irregular de documentos médicos en concursos docentes
Un grupo de docentes de la región Huánuco pidió a la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público realizar un control exhaustivo sobre los certificados de discapacidad empleados en los procesos de nombramiento y contratación de los últimos años. La solicitud surge tras conocerse la destitución de la profesora Fiorella Boza Valdivieso, sancionada por la UGEL Huánuco por presuntamente haber presentado documentación falsa para acceder a una plaza docente.
UGEL detectó irregularidades en certificado presentado por docente
De acuerdo con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco, Boza Valdivieso obtuvo una plaza en la institución educativa inicial La Esperanza, en Amarilis, al acreditar una discapacidad leve que le otorgó un puntaje adicional del 15% en el concurso público de 2024. Sin embargo, durante una verificación posterior, el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano negó haber emitido el certificado que sustentó su nombramiento, y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) informó que la docente no figuraba en su registro oficial.
La UGEL informó que, ante la falta de pruebas que acrediten la autenticidad del documento, se abrió un proceso administrativo disciplinario que culminó con la destitución e inhabilitación temporal de Boza Valdivieso por un periodo no menor de cinco años. Según la resolución, emitida el 14 de octubre, la sancionada dispone de 15 días hábiles para presentar su apelación ante el Ministerio de Educación.
Colectivo docente exige auditoría a nivel regional
Los docentes que impulsan el pedido de control señalaron que su objetivo es evitar nuevos casos similares en futuros concursos. Según indicaron en un pronunciamiento difundido en medios locales, existen denuncias previas sobre el uso irregular de certificados de discapacidad en procesos de contratación y nombramiento en distintas UGEL de la región. Afirmaron además que, en convocatorias pasadas, se filtraron audios que revelaban cobros indebidos para la emisión de estos documentos, sin que se hayan esclarecido las responsabilidades correspondientes.
El colectivo insistió en que la Contraloría y el Ministerio Público deben intervenir para verificar la autenticidad de todos los certificados utilizados en los últimos concursos, incluyendo los emitidos por hospitales, centros de salud y entidades privadas. Asimismo, solicitaron que se revise la validez de los registros de discapacidad en coordinación con el Conadis, con el fin de garantizar transparencia y equidad en los procesos de acceso a la Carrera Pública Magisterial.
Defensoría del Pueblo evalúa posibles acciones
Consultada sobre el caso, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco indicó que ha recibido reportes sobre presuntas irregularidades en el uso de certificados médicos en procesos de selección docente. Según voceros de la institución, se viene evaluando la posibilidad de recomendar medidas de supervisión adicionales a las UGEL y a la Dirección Regional de Educación. “La integridad del sistema de nombramientos depende del control riguroso de la documentación presentada”, sostuvo un representante del organismo.
Por su parte, fuentes del Hospital Regional Hermilio Valdizán reiteraron que no emitieron el certificado cuestionado y que toda la documentación expedida por el nosocomio debe ser verificada mediante el sistema de validación institucional. En tanto, la docente sancionada no ha ofrecido declaraciones públicas hasta el cierre de esta edición.
Fiscalía podría intervenir ante presunta falsificación documental
Desde la Fiscalía de Prevención del Delito de Huánuco se informó que el caso podría ser evaluado bajo la figura de presunta falsificación de documentos públicos, una infracción sancionada por el Código Penal con penas que van de dos a diez años de prisión. El Ministerio Público recordó que la falsificación de certificados oficiales no solo constituye una falta administrativa, sino también un delito que afecta la confianza en el sistema educativo y en las instituciones de salud.
Los docentes solicitantes reiteraron que su pedido no busca una persecución individual, sino la defensa de la meritocracia en la educación pública. “Queremos procesos limpios, donde prime la capacidad y no las argucias”, indicaron.
