El comienzo del año escolar se supone que trae consigo un aire de renovación y esperanza. Este lunes, cuando las instituciones educativas de todo el país, incluyendo la región de Huánuco, abrieron sus puertas para dar la bienvenida a miles de estudiantes ansiosos por retomar su aprendizaje. Sin embargo, este nuevo inicio viene acompañado de desafíos significativos que amenazan con ensombrecer la ilusión de este momento crucial.
En Huánuco, son varios los colegios cuyas infraestructuras educativas se encuentran en una situación preocupante. Son al menos cuatro escuelas en la ciudad enfrentan graves problemas de infraestructura, declaradas en alto riesgo e incluso inhabitables, por lo tanto, inseguras para nuestros estudiantes. Este escenario no es nuevo; es el resultado de años de negligencia que hoy pone en peligro la educación y la seguridad de cientos de niños y jóvenes.
La situación exige una solución inmediata. Sin embargo, la responsabilidad de encontrar alternativas seguras para estos estudiantes ha recaído equivocadamente en los directores de las escuelas afectadas, cuando en realidad debería ser una prioridad y responsabilidad de la UGEL y de otras entidades gubernamentales. Esta falta de dirección clara agrava aún más el problema, especialmente cuando no se mencionan los desafíos adicionales que enfrentan las escuelas en zonas rurales, donde la falta de infraestructura adecuada, mobiliario e incluso personal docente sigue siendo una realidad cruda.
A pesar de estas circunstancias, el espíritu de los estudiantes, vislumbrado en las sonrisas y la alegría de reunirse con amigos y maestros, nos recuerda la importancia y el valor de la experiencia educativa. Estas expresiones de felicidad subrayan lo que debería ser la esencia de cada año escolar: un tiempo para el crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo en un ambiente seguro y estimulante.
Es imperativo establecer un plan de acción urgente que no solo aborde la reparación y el mantenimiento de las infraestructuras existentes, sino que también implemente políticas a largo plazo para garantizar entornos de aprendizaje seguros y propicios. Esto incluye aumentar la inversión en educación, mejorar la planificación urbana y rural con un enfoque en la sostenibilidad de las escuelas, y fomentar la participación comunitaria en la gestión y el mantenimiento de las infraestructuras educativas.
