El proceso de matrícula en la institución educativa Virgen del Carmen no es solo un trámite administrativo de inicio de año. Es el reflejo de una problemática más profunda que se repite en Huánuco y en muchas regiones del país: escuelas que funcionan en condiciones de contingencia durante años, mientras los expedientes técnicos avanzan con una lentitud que no dialoga con las necesidades urgentes de la población.
La limitada cantidad de vacantes por nivel, especialmente en inicial y primaria, no responde a una baja demanda educativa, sino a la carencia de infraestructura adecuada. Cuando un colegio debe restringir el ingreso de estudiantes por falta de aulas, no estamos ante un problema de gestión interna, sino frente a una deuda estructural del Estado. Cada niño que no accede a una vacante cercana a su hogar es una familia obligada a desplazarse, adaptarse o resignarse.
Resulta preocupante que, pese a contar con un perfil aprobado y un expediente técnico elaborado, la construcción del local definitivo siga en etapa de evaluación. Los años pasan, las promociones de estudiantes se suceden y la escuela continúa funcionando en ambientes temporales que, por definición, no fueron pensados para sostener un proyecto educativo a largo plazo. La educación no puede seguir dependiendo de soluciones provisionales que se vuelven permanentes por inacción burocrática.
A esta situación se suma la ausencia de un psicólogo en planilla, una carencia que ya no puede considerarse secundaria. En un contexto donde los problemas emocionales, conductuales y familiares impactan directamente en el aprendizaje, la falta de atención psicológica en las escuelas públicas evidencia la distancia entre la normativa y la realidad. Gestionar practicantes universitarios es una medida de apoyo, pero no reemplaza una política sostenida de salud mental escolar.
La directora y el personal administrativo cumplen con informar, organizar y atender dentro de sus limitaciones. Sin embargo, no les corresponde cargar con responsabilidades que superan el ámbito institucional. El verdadero punto crítico está en la capacidad de respuesta de las autoridades regionales para priorizar la infraestructura educativa como un eje central del desarrollo.
Invertir en educación no es solo construir aulas; es garantizar condiciones dignas, servicios completos y estabilidad para estudiantes y docentes. Mientras el colegio Virgen del Carmen espera la autorización para su local definitivo, la pregunta de fondo sigue vigente: ¿cuántos años más puede una comunidad educativa vivir en emergencia sin que ello se normalice?
