El paro nacional de 24 horas convocado para el 1 de abril de 2026 por FENATE Perú expone una crisis educativa que va más allá de una protesta gremial. La medida, acordada tras la Asamblea Nacional del 24 y 25 de enero, involucra a más de 250,000 docentes de 15 regiones y amenaza con paralizar el inicio del año escolar. En el centro del conflicto aparecen deudas impagas, infraestructura en riesgo y un desgaste político que el Estado no ha logrado encauzar.
Según lo señalado por la federación, el detonante inmediato es el silencio del Ejecutivo frente a una deuda social que supera los S/ 5,000 millones. A ello se suma un diagnóstico crítico: el 70% de los colegios del país se encuentra en riesgo de colapso estructural, lo que afecta a cerca de 3 millones de estudiantes que asisten a locales declarados en emergencia. El paro del 1 de abril es presentado como un aviso previo a una huelga indefinida que podría interrumpir el calendario escolar antes de su primer bimestre.
Desde FENATE Perú se ha indicado que la fecha marca el límite de la paciencia docente tras meses de negociaciones sin resultados concretos. Entre las principales demandas figura que el 5% del Presupuesto Institucional de Apertura regional se destine directamente al sector educación, además del nombramiento inmediato de docentes contratados cuyos ingresos permanecen estancados pese a la inflación registrada en 2025. La federación también exige la derogatoria de la Resolución Viceministerial 035, a la que atribuye un retroceso de 20 años en derechos laborales.
El deterioro de los locales escolares constituye uno de los ejes más sensibles del conflicto. FENATE Perú ha advertido que siete de cada diez instituciones requieren intervención urgente para evitar tragedias, una situación que, según el gremio, refleja abandono estatal sostenido. En ese contexto, la federación ha vinculado el estado de las escuelas con el incremento del 12% en los índices de tuberculosis en zonas rurales durante el último año, afectando a menores desde los seis meses hasta los 16 años.
La amenaza de una huelga indefinida de hasta 60 días se apoya también en la baja ejecución presupuestal. De acuerdo con lo discutido en la asamblea, el Gobierno solo habría ejecutado el 15% de los recursos destinados al pago de la deuda social en 2025. Los docentes exigen un cronograma que priorice a los mayores de 80 años y a quienes padecen enfermedades terminales, un reclamo que aún no obtiene respuesta formal.
El calendario avanza hacia el 1 de abril sin señales claras de diálogo. Las decisiones que se adopten en las próximas horas definirán si el conflicto se encauza o si el sistema educativo enfrenta una paralización prolongada. Lo que está en juego no es solo una negociación laboral, sino la sostenibilidad de un modelo educativo que, según los propios actores, opera al límite desde hace años.
