El panorama de la minería ilegal en Perú se presenta como un desafío multifacético que entrelaza aspectos sociales, económicos y ambientales, particularmente en zonas de difícil acceso. La urgencia por formalizar a los pequeños mineros, frente a la complejidad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ha generado un debate crucial sobre el futuro del sector y la necesidad de una legislación efectiva. La situación se agrava con la persistencia de prácticas extractivas obsoletas y la fluctuación del precio del oro, creando un ambiente propicio para la informalidad y actividades delictivas.
Según la investigación publicada por El Comercio, Eduardo Salhuana, congresista y ex asesor legal de la Federación Minera de Madre de Dios, aborda las acusaciones en su contra y ofrece una visión sobre la problemática minera en el país, señalando la necesidad de diferenciar entre mineros informales y criminales.
Salhuana rechaza las imputaciones de ser el “brazo legal” de mineros ilegales, atribuyéndolas a la falta de comprensión sobre la complejidad de la pequeña minería. Destaca que la tecnología utilizada en muchas de estas operaciones es anticuada, lo que resulta en una baja recuperación del oro extraído, perdiéndose gran parte del mineral junto con contaminantes como el mercurio. En este sentido, insta a diferenciar entre el minero informal, que busca formalizarse, y el delincuente que comete actos de violencia.
El congresista reconoce el fracaso del Reinfo como mecanismo de formalización, señalando que, de los 90,000 inscritos desde 2016, solo 2,000 han logrado completar el proceso. Argumenta que la ley original de 2016 no previó el auge actual de la minería aurífera, impulsado por el alto precio del oro, que ha creado un ambiente de “fiebre del oro” en cerca de veinte departamentos del país. Frente a este panorama, enfatiza la necesidad de una nueva ley que establezca una ruta clara y definitiva para la formalización.
En cuanto a la posibilidad de extender la vigencia del Reinfo, Salhuana indica que el Parlamento ha encargado al Ejecutivo la presentación de un proyecto de ley que aborde la problemática de manera integral, superando las limitaciones del registro actual. Espera que esta nueva legislación sea aprobada antes de fines de junio, estableciendo un nuevo marco normativo para la pequeña minería.
Además, aborda temas de coyuntura política, como la posibilidad de una vacancia presidencial y la estabilidad del gobierno de Dina Boluarte, señalando la importancia de respetar los plazos constitucionales y la institucionalidad democrática. Salhuana se pronuncia en contra de la vacancia, argumentando que la inestabilidad política perjudica el desarrollo del país, al tiempo que reconoce errores cometidos por el Congreso y la necesidad de corregir normas que han generado controversia. En ese sentido, justifica el aumento del presupuesto del Congreso señalando que este se debe a los gastos de la implementación de la bicameralidad.
Finalmente, Salhuana defiende su labor como congresista y su compromiso con el país, destacando la aprobación de leyes que fortalecen la seguridad ciudadana y promueven la inversión en sectores como el turismo. En relación con las reuniones de congresistas con mineros, pide diferenciar entre mineros ilegales e informales, señalando que cualquier conversación se enmarca en un proyecto de ley que será evaluado por el pleno del Congreso, bajo la mirada pública.
