En medio de una escalada de violencia criminal que golpea a trabajadores y empresarios en todo el país, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, restó gravedad al incremento de las extorsiones en el Perú, al afirmar que se trata de una “modalidad delictiva que no se veía desde hace mucho tiempo”.
Sus declaraciones, brindadas tras un acto oficial, han generado críticas por parte de gremios empresariales y especialistas en seguridad, quienes advierten que el delito de extorsión se ha disparado en un 478% en los últimos cinco años, alcanzando niveles nunca antes registrados.
“Le pido a la población que entienda que esta es una modalidad delictiva que no se encontraba en el país hace mucho tiempo”, dijo Arana, en referencia al auge de las mafias que cobran “cupos” bajo amenaza de muerte.
Las palabras del premier contrastan con la realidad que enfrentan conductores, comerciantes y empresarios, especialmente en regiones como Lima, La Libertad, Piura, Lambayeque y el Callao, donde las extorsiones, asesinatos y amenazas se han convertido en parte del día a día.
El contexto no podría ser más crítico: paros de transportistas y bloqueos en varias regiones evidencian el desborde del crimen organizado y la frustración del sector transporte, que exige medidas concretas contra las mafias que operan incluso desde los penales.
Pese a ello, la presidenta Dina Boluarte también ha minimizado la situación, al señalar que “un paro no resuelve los problemas”, mientras que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, advirtió detenciones y criminalizó las protestas de los choferes que denuncian extorsión.
El Gobierno sostiene que se están tomando medidas como el bloqueo de líneas telefónicas usadas por delincuentes y el uso de herramientas tecnológicas para rastrear vehículos. Sin embargo, los gremios afirman que esas acciones son insuficientes frente a redes criminales que controlan territorios enteros y operan con impunidad desde los penales de máxima seguridad.
