La controversia en torno al denominado caso Rolex ha escalado a un nuevo nivel luego de las declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quien criticó duramente la actuación de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Arana cuestionó el pedido de Espinoza al Congreso para que se reconsidere el archivo de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, calificándolo como un “exceso” sin precedentes. Este conflicto se produce en un contexto político ya marcado por tensiones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, y en medio de debates sobre los límites de la inmunidad presidencial y la independencia de los poderes del Estado.
Según la investigación publicada por El Comercio, Arana expresó su preocupación por lo que considera una extralimitación de funciones por parte de la Fiscal de la Nación.
El premier Arana argumentó que la solicitud de la Fiscalía busca “vulnerar definitivamente las competencias propias del Congreso de la República” y “afectar la investidura presidencial”. Subrayó que no solo se trata de defender a Dina Boluarte a título personal, sino de proteger la institución presidencial y garantizar el respeto a los procedimientos internos establecidos. Cabe recordar que la Comisión Permanente del Congreso ya había aprobado el informe que archivaba el caso Rolex, luego de ser respaldado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, lo que había impedido que la Fiscalía continuara con las investigaciones correspondientes.
La respuesta del Ministerio Público a través de la solicitud al Parlamento para reconsiderar el archivo del caso, posponiendo la evaluación hasta que Boluarte deje la presidencia, ha sido calificada por Arana como un “asedio inusual”. Arana insiste en que la Fiscal de la Nación ha presentado diversas acusaciones por delitos que, en su opinión, no están comprendidos en el artículo 117 de la Constitución, el cual delimita las causales para acusar constitucionalmente a un presidente en funciones. La controversia se intensifica al considerar que el Tribunal Constitucional (TC) aún no se ha pronunciado sobre la procedencia de investigaciones de este tipo contra un mandatario en ejercicio.
Arana enfatizó que el recurso de reconsideración presentado por la Fiscal Espinoza no está contemplado en el reglamento del Congreso para las denuncias constitucionales, afirmando que no existe un precedente similar en la historia de las denuncias presentadas por fiscales de la Nación. Esta situación, según Arana, genera “más que preocupación” y evidencia un “desconocimiento de lo que significa el Reglamento del Congreso, el respeto a la Constitución y el afectar la democracia”. Es importante señalar que, tradicionalmente, las investigaciones contra presidentes en funciones suelen pausarse hasta el término de su mandato, para evitar interferencias políticas en la gestión gubernamental.
En sus declaraciones, Arana también hizo un llamado directo a Delia Espinoza, “exhortándola” a revisar sus decisiones para que “se encuadren dentro de los cánones democráticos” y “persigan fines que ayuden a la democracia, a la gobernabilidad pero sobre todo de respeto a las instituciones”. Esta solicitud se produce en un contexto de creciente polarización política y de cuestionamientos a la independencia de las instituciones, donde el equilibrio de poderes se ha convertido en un tema central del debate público. La percepción de un posible conflicto de intereses, tanto por parte del Ejecutivo como del Ministerio Público, ha generado desconfianza en la ciudadanía y ha alimentado las tensiones entre los diferentes actores políticos.
Finalmente, la escalada de tensiones entre el Ejecutivo y la Fiscalía por el caso Rolex plantea interrogantes sobre el futuro de la investigación y su impacto en la estabilidad política del país. La decisión del Congreso sobre la reconsideración solicitada por la Fiscalía será crucial para determinar el curso de la investigación y definir los límites del poder presidencial y el rol del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. La ciudadanía, mientras tanto, observa con atención el desarrollo de este caso, exigiendo transparencia y rendición de cuentas por parte de todos los involucrados.
