Hace unas semanas, la aerolínea Star Perú invadió con publicidad los correos electrónicos de todos los usuarios registrados anunciando el regreso de sus vuelos Lima-Huánuco y viceversa y a precios promocionales. Para muchos, la noticia fue tomada de buena manera, obviamente, debido a la gran necesidad y demanda que la población tiene de viajar a la capital.
Hasta ahí todo muy bien, la empresa informó que empezaría a laborar desde la quincena de febrero, para lo cual empezaron a comercializar pasajes. Sin embargo, luego de haber vendido varios cientos de pasajes e incluso miles, comunicaron que no podrán cumplir con los compromisos asumidos de la segunda quincena de febrero hasta el dos de marzo.
Dicho esto, ¿cómo es posible, que la empresa venda pasajes aéreos para ciertas fechas, si sus aviones no pueden o no tienen permiso para volar? ¿Dónde queda la protección al consumidor? El rol de Indecopi no ha sido nada diferente al realizado por Osinergmin o por otras empresas fiscalizadoras en nuestro país, débil y en muchos casos, parcializado.
Como muestra, en 2019 la aerolínea LCPerú estafó a miles de usuarios; la empresa, con el cuento de ofrecer grandes promociones, atrajo la atención del público, y luego de vender miles de pasajes simplemente cerró sus puertas. Indecopi, registró las quejas, supuestamente se iba a devolver el dinero, pero hasta ahora nada.
¿Es tan fácil entonces estafar a la población en este país? Todo parece indicar que sí, siempre y cuando la estafa venga de los grandes capitales. Por mencionar otro ejemplo, una financiera que se presenta como opción para compra de inmuebles o vehículos, ofrece según ellos, las menores tasas de interés del mercado; sin embargo, después terminan cobrando a sus usuarios increíbles tasas y costes, que a la larga los clientes son literalmente asaltados y de manera legal.
