La inseguridad se ha incrementado considerablemente en todo el país. Muchas son las causas de este latente problema: corrupción, falta de capacidad y liderazgo de las autoridades, inmigración, entre otras. Definitivamente, no es justo que muchas autoridades tengan protección policial las 24 horas del día, mientras que los más de 30 millones de peruanos seamos vulnerables a la delincuencia.
Hace poco, el Ejecutivo informó que los nuevos congresistas ya no contarán con esta protección policial; la noticia fue bien recibida por la ciudadanía, sin embargo algunos especialistas han considerado la medida tomada por la gestión del presidente Vizcarra como populista, tratando de desviar la atención a la crisis que afronta.
Son 600 efectivos policiales destinados para la seguridad del Congreso y los congresistas, los cuales muy bien podrían ser asignados a seguridad ciudadana. Obviamente, los virtuales congresistas no tomaron muy bien la noticia y como reacción han solicitado se les quite también el resguardo policial a los ministros de Estado.
No solo es el caso de los congresistas sino también de muchos altos funcionarios, como jueces y fiscales supremos, como también expresidentes, como Ollanta Humala, quien increíblemente goza del resguardo de 22 efectivos policiales, lo cual cae como un baldazo de agua fría a la ciudadanía. Aún más sorprendente, es que el cardenal Cipriani, en su residencia del exclusivo centro de veraneo y de vacaciones de los papas, Castel Gandolfo en Italia, goce la protección de tres efectivos policiales peruanos, el colmo.
Entendemos que por la naturaleza de sus funciones algunos funcionarios sí requieren de la protección, sin embargo, en muchos casos esta es innecesaria y hasta un abuso. La norma debe ser reconsiderada.
Por otro lado, hay que mencionar que existe un gran número de fechorías perpetradas por extranjeros, sin embargo, hay que entender que es un pequeño porcentaje de inmigrantes los que delinquen, pero como ya sabemos, los justos pagan por pecadores.
