De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 61 % de personas que viven en áreas rurales carecen de agua, y en el caso de áreas urbanas, la cifra se reduce al 9 %. Es decir, en nuestro país, uno de cada tres no tiene acceso al agua potable, lo cual es sumamente inaceptable.
Como si esto fuera poco, existe la alta percepción de que la calidad del agua es deficiente y poco saludable. No es para menos, en el caso de Huánuco, las pocas obras de agua que se han realizado siempre han culminado con serias observaciones.
Por alguna razón, todas las obras de mayor envergadura de agua realizadas en el departamento, no solo han estado plagadas de vicios y deficiencias muy serias, sino también no se han culminado. Como gran ejemplos están las obras de agua potable y alcantarillado de Ambo, que va a cumplir 15 años sin acabar; o la de Puerto Inca que tiene 8 años sin terminar; o la de Cayhuayna que luego de 8 años está en fase de pruebas; o también la de La Esperanza que se inició durante el gobierno de Alva hace casi tres años; por mencionar algunas.
Lo peor de todo es que con cada año que pasa y de gestión en gestión, el costo de las obras se incrementa considerablemente. El caso de La Esperanza, inició con un presupuesto de S/ 31 millones y ahora está en más de 60.
Una de las mayores falencias cometidas por las gestiones regionales es realizar las obras mediante administración directa, dirigiendo todos los recursos que tiene, y que no tiene la institución, a una obra para desatender otras, como emergencias y tantas necesidades de vías de comunicación que tienen los pueblos. Peor aún, estas obras administradas por la propia región, terminan convirtiéndose en oficinas burocráticas. La decisión de que la empresa privada asuma dicha obra, consideramos que es acertada. El Gorehco tiene muchas responsabilidades y necesidades que cubrir, como la gestión de presupuestos para obras y servicios de los pueblos. Y si de obras se trata, debe dirigir sus esfuerzos al serio control y supervisión de las mismas, para que realmente terminen beneficiando a las comunidades o ciudades, y no solo a los constructores.
