El Estado está gastando grandes cantidades de dinero para combatir la pandemia. En esta línea, al sector educación, específicamente en la UGEL de Ambo, se le destinó un monto considerable de dinero para que puedan adquirir mascarillas textiles de uso comunitario. Todo esto, por supuesto, para prevenir el contagio del mortífero virus de la COVID-19.
El monto aprobado de mascarillas fue de 58 797. Sin embargo, el proveedor terminó entregando 54 270, mejor dicho 4527 mascarillas menos. A pesar de ello, el responsable del área de Administración y Almacén aceptó los bienes y consignó la conformidad de los mismos, aún sabiendo que estos no estaban completos.
Cuando la Contraloría General de la República verificó el almacén de la UGEL, se encontraron con la sorpresa del hecho.
Tristemente, ahí no quedó toda la irregularidad, las mascarillas tampoco contaban con las especificaciones técnicas estipuladas en las bases administrativas de la contratación directa.
Este caso, es sólo un pequeño ejemplo de cómo los funcionarios públicos se están lucrando de manera descarada y hasta criminal, en una época sumamente sensible y delicada donde las personas se están contagiando muchas veces por la mala calidad de las mascarillas o por no usarlas de manera apropiada, lo que hace que, incluso, terminen falleciendo.
Debe existir una práctica de seguimiento y control estricto que permita regular e investigar el desarrollo en la entrega de equipos y todo lo relacionado con este tema tan neurálgico y sensible de la salud en tiempos de pandemia, que a su vez, permita escudriñar la toma de decisiones para asegurar que el beneficio llegue a todos.
Es trabajo ahora de la Dirección Regional de Educación y de la fiscalía de Ambo identificar y sancionar a los responsables.
