Las economías criminales en el Perú movilizan US$ 28.304 millones al año, equivalentes a S/ 101.897 millones, según un documento elaborado para el Grupo Técnico del Acuerdo Nacional en 2025. El informe, presentado como insumo para el debate sobre seguridad, detalla que 13 actividades ilegales sostienen un circuito financiero que, de acuerdo con su autor, ha trascendido el ámbito delictivo para incidir en la estructura del Estado.
La radiografía fue estructurada por Jaime Antezana Rivera, investigador en crimen organizado, quien consolidó información de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Contraloría General de la República, la Cámara de Comercio de Lima y CHS Alternativo. Según explicó, el cálculo busca dimensionar el impacto económico real de las mafias y ofrecer una base técnica para la formulación de políticas públicas.
De acuerdo con la matriz presentada al Acuerdo Nacional, cinco economías concentran el mayor volumen de ingresos ilícitos. La minería ilegal lidera con US$ 10.246 millones (S/ 36.885 millones), seguida por la corrupción con US$ 6.741 millones (S/ 24.268 millones) y el tráfico ilícito de drogas con US$ 4.741 millones (S/ 17.067 millones).
El núcleo financiero del crimen organizado
En cuarto lugar figura la extorsión, que recauda US$ 1.666 millones (S/ 6.000 millones), y en quinto la trata de personas con US$ 1.300 millones (S/ 4.680 millones), según el documento. A estas actividades se suman los delitos tributarios con US$ 1.243 millones, el contrabando con US$ 600 millones y los delitos contra el orden financiero con US$ 572 millones, además de la pesca y tala ilegal.
Antezana sostuvo que estas cifras constituyen “la métrica exacta de una amenaza existencial para la democracia peruana”. “A ese enorme poder económico, hoy entronizado en poder político y que controla casi la totalidad de instituciones, es al que nos estamos enfrentando”, advirtió al presentar el informe ante el Grupo Técnico en 2025.
¿Puede el Estado contener un poder de US$ 30.000 millones?
El investigador precisó que, como ocurre en mercados negros, los montos son aproximaciones. Indicó que, si se adopta la estimación del Instituto Peruano de Economía que sitúa la minería ilegal en US$ 12.000 millones —1.754 millones más que el cálculo inicial—, el total de las economías criminales superaría los US$ 30.000 millones, es decir, más de S/ 103.000 millones anuales.
El documento tiene como finalidad, según Antezana, servir de base para que el Acuerdo Nacional diseñe una propuesta frente a la inseguridad. El debate, afirmó, no solo involucra persecución penal, sino la capacidad del sistema político para responder a un entramado financiero que, de acuerdo con sus estimaciones para 2025, ya compite en magnitud con sectores formales de la economía peruana.
