Jorge Farid Gabino González
Escritor, articulista, profesor de Lengua y Literatura
Que nuestra clase política en general tenga de vez en cuando iniciativas destinadas no digamos ya a la difusión de la cultura, que sería mucho pedir, son proverbiales su conocida y acostumbrada propensión a ocuparse solo de cosas con las que se sienten particularmente cómodos, esto es, fruslerías, naderías, asuntos a todas luces baladís, sino cuando menos a su razonable y necesaria preservación, algo que para los tiempos que corren resultaría tan difícil de imaginar, por decir algo, como el hecho de llegar a tener alguna vez un presidente que más temprano que tarde no acabe tras las rejas; que nuestra impresentable clase política, decíamos, haga algo por la cultura, por mínimo y por elemental que esto fuera, es ya de por sí poco menos que sorprendente.
Que además quienes pretendan realizar esto último, vale decir, nuestros “ilustres” y jamás del todo reconocidos congresistas, sean precisamente esos mismos oscuros y siniestros personajes que, si por algo se han caracterizado desde que el mundo es mundo, ha sido por su inveterada tendencia a ir en contra de todo cuanto tuviera algo que ver con el cultivo del conocimiento, con la conservación de la cultura, es incluso todavía más desconcertante. Con todo, es esto lo que ha sucedido gracias a la aprobación del proyecto de ley 3464/2022-CR, “Ley que precisa el correcto uso del lenguaje inclusivo evitando el desdoblamiento del lenguaje para referirse a hombres y mujeres en textos escolares”. Iniciativa legislativa que, en un acto de lucidez y sentido común pocas veces visto en el Hemiciclo, pone los puntos sobre las íes respecto de un tema que ha sido uno de los principales caballos de batalla de un conocido sector del ámbito político, empeñado como siempre en imponer sus supuestamente progresistas ideas al conjunto de los ciudadanos, en virtud de una pretendida superioridad moral que desde luego no tienen.
Como sea, al margen de las verdaderas razones por las que lo hayan hecho, es decir, independientemente de si recibieron alguna suerte de revelación divina que los llevó a intentar poner orden en este desbarajuste sin par en que desde hace ya varios años se encuentra sumido el lenguaje, por culpa en gran medida de esas mismas instituciones responsables por antonomasia de velar por su preservación, como lo son los ministerios de Educación y Cultura; o de si de lo que en verdad se trató fue de brindarles a los medios de comunicación, y, a través de ellos, a la ciudadanía en su conjunto, algo con qué entretenerse, uno de esos temas que por su propia naturaleza son garantía de discusión, de debate, de polémica; queda claro que con la aprobación del mencionado proyecto de ley se ha dado un paso importantísimo en la lucha por ponerle un alto definitivo a la abierta y flagrante y descarada ideologización de que vienen siendo víctimas, principalmente, los niños y jóvenes del país.
Lo importante, en cualquier caso, no es solo el hecho de que a partir de la aprobación de la mencionada ley se dejaría de atropellar “oficialmente” el lenguaje desde el mismísimo ministerio de Educación, y demás organismos gubernamentales, pues, en el supuesto de que se continuara vejando al idioma como hasta ahora, se estaría siendo pasible de denuncia penal, por cuanto se estaría incumpliendo con lo establecido en la referida ley. Lo importante, por supuesto, es que con la aprobación de la mencionada iniciativa legislativa se le estaría asestando un golpe decisivo a uno de los principales mantras con que la izquierda caviar peruana ha venido sembrando, como es su costumbre, el divisionismo entre peruanos: el del supuesto reconocimiento a las minorías sexuales.
Lo que, dado el contexto de innegable primacía de las ideas “progresistas” que envuelven hoy en día al país, no es poco decir. Sobre todo, si tenemos en consideración que el daño realizado a los más jóvenes, víctimas de todo este cargamontón ideológico con que a través de los medios de comunicación y, esto es lo más increíble, la misma escuela, se los ha venido adoctrinando desde hace ya varios años, es tan o más grave que el perpetrado en contextos y circunstancias en los que la forma de coaccionar a la gente era, por decir lo menos, completamente distinta.
Que ya no se tendrá que vejar al castellano en favor de una pretendida promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, es, valgan verdades, un verdadero alivio. Que nunca más volveremos a leer en los libros de texto editados por el ministerio de Educación disparates lingüísticos como “las y los niños y niñas”, es, demás está decirlo, un verdadero alivio. Solo queda esperar que, así como se pone ahora un alto a tanta majadería izquierdosa en materia de desdoblamiento de género, se continue también poniéndole un alto definitivo a tantas y tan variadas bellaquerías relacionadas con el uso del lenguaje, las mismas con que nos hostigan casi a diario, y para las que por lo general no suele haber castigo ni reprimenda ni censura que valga. Por más que lo lógico sería, naturalmente, que los hubiera.
