La Dirección de Educación inició investigaciones al director de la UGEL Marañón, Javier Calderón Mendoza, para determinar su responsabilidad en las supuestas irregularidades que denunciaron los docentes que tomaron la dependencia exigiendo su remoción.
Los maestros tomaron la UGEL en protesta por los malos manejos administrativos. La dirigente de los docentes Priscila Haro Domínguez exigió la salida de Calderón acusándolo de malversar fondos, favorecer a sus allegados direccionando contratos y de ser cómplice de una estafa a comuneros de un centro poblado.
Ayer, el director de Educación, Luis Colonia, recibió por mensaje los documentos que probarían las supuestas faltas que involucran a Calderón. El director regional declaró que envió los documentos a la Secretaría Técnica para que inicie procedimiento administrativo sancionador y determine las supuestas irregularidades.
Colonia viajará mañana a Huacrachuco con su equipo de asesoría legal para conversar con los docentes y los directivos de la UGEL Marañón. Aclaró que anteriormente los profesores no presentaron denuncias o pruebas de las irregularidades que ahora acusan.
El proceso administrativo a Calderón dura 60 días por norma, pero Colonia dijo que tratarán de agilizar los procesos para emitir un pronunciamiento lo más rápido posible.
Descartó que se realice un cambio de inmediato del director porque recordó que se tiene que respetar el debido proceso y los derechos del funcionario. No obstante, dijo que si hay pruebas de las irregularidades el cambio podría producirse más rápido.
Colonia también solicitó la presencia de funcionarios del Ministerio de Educación en Huacrachuco, porque Calderón fue designado mediante concurso público y su desempeño en la UGEL está en evaluación hasta el 31 de junio. El director de Educación explicó que la DRE no puede unilateralmente separar al director porque luego podría ser repuesto por el Minedu como ocurrió con la UGEL de Puerto Inca. Explicó que con la Ley de Reforma de la Educación ahora la remoción de directores se hace con participación del Minedu y la DRE.
Los docentes acusan a Calderón de ser cómplice de una estafa a pobladores de Nuevo Jaén quienes pagaron S/1137 al coordinador del Prevaed, Raúl Amaya, para que haga trámites en el Minedu, también de condicionar la recepción de un colegio sin mobiliario amenazando a los padres de familia.
Afirman que favoreció a sus allegados. Dijeron que en la UGEL se contrató a un coordinador de Pronoei sin que cumpla requisitos y que se direccionó la contratación de una plaza de auxiliar de servicio sin cumplir las normas.