Documentos de la Fiscalía muestran cómo el fraude se replicó en pensiones de trabajadores, cuotas del seguro social y fondos de una universidad.
El Gobierno de México ha sufrido un golpe financiero monumental, perdiendo al menos 6.000 millones de pesos (aproximadamente 342 millones de dólares) en una estafa Ponzi orquestada por los empresarios René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán García. Durante una década, estos individuos han persuadido a tesoreros de diversas instituciones públicas para invertir en su esquema fraudulento, prometiendo rendimientos anuales del 11% al 13% y comisiones en efectivo del 5%.
El modus operandi de los empresarios implicaba la venta de bonos de deuda a través de casas de bolsa, que en realidad no tenían garantías para respaldar las inversiones. Cuando llegaba el momento de cumplir con los compromisos financieros, Dávila y Guzmán buscaban otra institución para vender más bonos y así refinanciar sus deudas, en un ciclo sin fin de fraude.
Este esquema Ponzi no solo ha afectado a instituciones gubernamentales; también ha involucrado a clientes privados, lo que sugiere que la cantidad de dinero defraudado podría ser aún mayor. La Fiscalía ha iniciado investigaciones por desvío de recursos, blanqueo de activos y evasión fiscal, y está en busca de funcionarios corruptos que han facilitado estas operaciones.
El esquema se ha mantenido activo incluso en la administración actual, a pesar de que las autoridades ya habían identificado el problema. Instituciones como el Fondo del Retiro de los Trabajadores de la Educación y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios han sido víctimas de este fraude, comprometiendo fondos destinados a pensiones y servicios de salud pública.
Dato:
La magnitud de la estafa ha dejado a las autoridades y al público en estado de shock, cuestionando la eficacia de los mecanismos de supervisión y la integridad de las instituciones financieras del país
