El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se encuentra en medio de una polémica tras ser revelado que se benefició de la Ley 31751, conocida como la ‘Ley Soto’, en un juicio contra la empresa Waynapicchu S.A. Soto había negado rotundamente haber utilizado esta ley en una entrevista reciente, afirmando que el caso había sido archivado en el 2019. Sin embargo, documentos revelados por Infobae Perú muestran que no solo fue anulada la nulidad del archivamiento, sino que la defensa de Soto utilizó dicha ley para lograr su eximición.
El caso había sido originalmente archivado en 2019 por el juez Reynaldo Ochoa, pero fue reabierto tras considerarse que se había incurrido en “un vicio procesal que, inevitablemente, genera nulidad”. Los jueces Sarmiento Nuñez, Paredes Matheus y Castielo Andía determinaron que debía reabrirse el caso, como se detalla en los documentos publicados.
Soto, quien asumió la presidencia del Congreso hace menos de dos semanas, insistió en que no se había beneficiado de la ley. Afirmó que su abogado “está utilizando una norma que no lo beneficia en absoluto”. No obstante, en la resolución del juez Carlos Román Gil, que resolvió archivar el caso este año, se detalla que la Ley N.º 31751 fue presentada como el quinto alegato por la defensa de Soto para solicitar el archivamiento.
