El DS Nº 022-2025-MINEDU endurece los controles en la renovación de contratos docentes y fija un plazo de 90 días para verificar expedientes en las UGEL de Huánuco
La publicación del Decreto Supremo Nº 022-2025-MINEDU colocó bajo escrutinio a docentes y directores de instituciones educativas de Huánuco por presuntas irregularidades en la renovación de contratos. La norma establece filtros más rigurosos para la validación de expedientes y evidencias, con el objetivo de detectar documentación falsa o inconsistente presentada en los procesos de evaluación, según precisa el propio dispositivo legal.
De acuerdo con lo establecido en el decreto, la fiscalización se concentrará en la autenticidad de certificados, constancias y otros documentos utilizados para sustentar la continuidad laboral. La medida responde a irregularidades detectadas previamente en diversas instituciones educativas de la región, donde se habrían presentado evidencias que no reflejan desempeño real ni méritos profesionales.
La preocupación se ha extendido entre la comunidad educativa huanuqueña, que exige la identificación de los responsables de prácticas irregulares. Según denuncias formuladas en el ámbito educativo regional, algunos docentes habrían contado con la complicidad de directores para validar evidencias inexistentes o adulteradas, mediante favores personales o beneficios indebidos, situación que habría distorsionado los criterios de meritocracia.
Fiscalización y control posterior en las UGEL
El decreto dispone que las Unidades de Gestión Educativa Local de Huánuco realicen una verificación exhaustiva de cada legajo profesional presentado en el proceso de renovación contractual. El plazo fijado es de 90 días calendario, periodo en el que deberán revisarse certificados, informes y demás documentos que respalden la permanencia de los docentes contratados.
Según lo señalado en la norma, de confirmarse la adulteración o falsificación de documentos, se procederá a la resolución inmediata del contrato del docente involucrado. Además, se iniciarán las acciones legales correspondientes, que no se limitarán únicamente a los profesores, sino que alcanzarán también a los directores que hayan suscrito o validado evidencias fraudulentas.
La comunidad educativa ha solicitado que el control no se limite al ámbito administrativo. Conforme a lo expresado en pronunciamientos públicos, se plantea la intervención de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público para garantizar que las investigaciones tengan consecuencias penales cuando corresponda.
A este proceso se sumará la Defensoría del Pueblo, cuya participación busca asegurar la transparencia del procedimiento y evitar eventuales blindajes o interferencias políticas. Según se ha indicado, el objetivo es que la aplicación del decreto se ajuste al debido proceso y no derive en sanciones arbitrarias.
La implementación de estos controles reabre el debate sobre las prácticas arraigadas en el sistema educativo regional. Mientras avanzan las verificaciones, queda por observar cuántos expedientes serán finalmente observados y qué impacto tendrá este proceso en la continuidad del servicio educativo en Huánuco, en un escenario donde la exigencia de meritocracia vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública.
