La inminente inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, programada para el 1 de junio, ha desatado una controversia significativa en torno a la idoneidad de los espacios designados para la Dirección Antidrogas (Dirandro). Esta situación plantea serias interrogantes sobre el futuro de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en el principal terminal aéreo del país, considerando que Perú es un país de origen de sustancias ilícitas que son enviadas al extranjero.
Según la investigación publicada por El Comercio, la polémica se centra en la denuncia del congresista Alfredo Azurin, quien ha expresado su preocupación por las deficiencias estructurales y logísticas que podrían obstaculizar la labor de los agentes antidrogas.
Uno de los puntos más críticos señalados por Azurin es la construcción de los calabozos con material de drywall, un material que, a su juicio, no ofrece las garantías necesarias para la seguridad y el resguardo de los detenidos. Además, cuestiona el diseño del aeropuerto, argumentando que está más adaptado a la realidad de un país europeo, donde el flujo de drogas es inverso, es decir, de entrada y no de salida como ocurre en Perú. Azurin, quien fuera agente de la Dirandro en el antiguo terminal aéreo, recalca que la ausencia de restricciones para pasajeros y visitantes dificulta el perfilamiento y seguimiento de sospechosos, una tarea que se facilitaba en el diseño anterior.
Otro aspecto preocupante es el reducido tamaño de las habitaciones destinadas a los agentes de la Dirandro, lo que obligaría a un hacinamiento en condiciones insalubres. A esto se suma la falta de servicios higiénicos completos, especialmente duchas, esenciales para el personal que está en contacto permanente con sustancias tóxicas durante la manipulación y análisis de drogas incautadas. Esta carencia podría poner en riesgo la salud de los agentes, quienes requieren una limpieza constante para evitar la contaminación.
La distancia entre el área de check-in y la oficina de la Dirandro, un trayecto de aproximadamente 20 minutos, también es motivo de preocupación. Azurin señala que esta demora dificulta la rápida intervención ante posibles “burriers”, quienes suelen llegar al aeropuerto minutos antes de su vuelo para evitar ser detectados. En el antiguo terminal, existía un área cercana a los mostradores de facturación, lo que permitía un traslado e interrogatorio más ágil de los sospechosos. Azurin propone la instalación de un tomógrafo en el aeropuerto para detectar drogas líquidas dentro del cuerpo de los “burriers”, medida que podría fortalecer la capacidad de detección de las autoridades.
Ante estas denuncias, Lima Airport Partners (LAP), la empresa operadora del aeropuerto, ha respondido que las dimensiones de los espacios asignados a las entidades públicas están establecidas en el contrato de concesión y fueron diseñadas en coordinación con las mismas entidades desde 2019. LAP asegura que la nueva comisaría del aeropuerto contará con instalaciones modernas, incluyendo ambientes de descanso, dormitorios, servicios higiénicos, duchas, salas de detención diferenciadas y otras facilidades para el trabajo policial. Sin embargo, ni el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ni el Ministerio del Interior (Mininter), ni la propia Dirandro han emitido un pronunciamiento oficial sobre el tema.
Carlos Morán, exjefe de la Dirandro y exministro del Interior, respalda las denuncias de Azurin, argumentando que la empresa operadora parece priorizar la recuperación de su inversión mediante el alquiler de locales comerciales, relegando la importancia de brindar espacios adecuados a las entidades estatales que prestan servicios públicos esenciales en el aeropuerto. Morán subraya que mejorar las condiciones de habitabilidad para el personal antidrogas debe ser una prioridad tanto para el Estado como para la empresa privada, y que la generación de lucro no puede anteponerse a la adecuada prestación de un servicio público.
