El dirigente de feriantes Pedro Huertas, presidente de la asociación de la Alameda de la República, denunció públicamente haber sido detenido de forma arbitraria durante el operativo fiscal del sábado pasado, en el marco de la investigación por presuntos cobros ilegales en la feria sabatina de Huánuco. Un día después, Huertas fue puesto en libertad y negó tener cualquier vínculo con los supuestos actos ilícitos atribuidos a trabajadores municipales.
Recalcó que, durante más de 20 años, los feriantes pagaron por el uso de vía pública y advirtió que estas falsas acusaciones buscarían desalojar a los feriantes del paseo de la Alameda de la República.
Huertas sostuvo que su detención fue “injusta” y motivada por represalias políticas debido a sus constantes reclamos por la mejora de los servicios municipales. “A mí me han detenido sin pruebas, solo porque soy el que más reclama. Esto ha sido una venganza”, declaró.
En declaraciones ante los medios, el dirigente explicó que todos los pagos realizados por los feriantes son gestionados directamente por la asociación. “Nosotros mismos pagamos al guachimán, a los que limpian, a los trabajadores que contratamos para movilizar nuestras mesas. Todo eso lo asumimos como organización, no hay ningún cobro irregular como se ha insinuado”, afirmó.
Huertas negó conocer a las trabajadoras municipales investigadas por el Ministerio Público y deslindó cualquier relación con los supuestos cobros indebidos. “Yo no tengo trato con ellas. Las personas que vienen a cobrar cambian constantemente, no son siempre las mismas. Me están involucrando sin ningún sustento”, añadió.
Según indicó la defensa legal de Pedro Huertas, no se descarta la posibilidad de interponer acciones judiciales contra el alcalde Antonio Jara y otras autoridades que, a su juicio, han actuado de forma desproporcionada e irresponsable. “Esto ha sido un abuso de poder, incluso podríamos denunciar al propio alcalde por difamación”, señalaron sus abogados.
La defensa también cuestionó la legalidad de la intervención realizada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, calificando el operativo como un “montaje” y una acción “desproporcionada” que vulneró derechos fundamentales. “Han violentado mi casa y mis oficinas sin motivo alguno. Me han tratado como un delincuente, cuando no existe prueba alguna en mi contra”, lamentó Huertas.
Frente a las acusaciones por un supuesto sistema paralelo de cobros ilegales dentro de las ferias, el dirigente fue categórico: “Yo no me he coludido con nadie. No tengo nada que ver con ese tema. Yo solo exijo que la municipalidad cumpla con los servicios que ha prometido”.
