A pocos meses de que se intensifique el escenario electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026, el dirigente Víctor Zevallos Matos, ex presidente de la Comisión de Gestión y Fiscalización de la carretera Pasco–Tingo María, exhortó a los candidatos que buscan llegar a la presidencia y al Congreso a gobernar con “mano dura” y medidas radicales frente a la inseguridad ciudadana.
Durante una entrevista, Zevallos sostuvo que el país atraviesa una situación crítica que no solo involucra la delincuencia, sino también problemas económicos y sociales. Sin embargo, según afirmó, estas urgencias no estarían siendo atendidas con medidas concretas debido a lo que describió como una “crisis institucional” en los poderes del Estado.
De acuerdo con sus declaraciones, la población habría perdido la confianza en instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Congreso y el Ejecutivo, situación que —según dijo— deja a la ciudadanía “desamparada por la clase política”. En esa línea, remarcó que la inseguridad no se resolvería con “palabras bonitas”, sino con acciones directas y sanciones firmes.
Fuga en Potracancha
En el plano regional, el entrevistador recordó que el 1 de enero se reportó la fuga de un interno sentenciado por violación del penal de Potracancha, considerado uno de los principales centros penitenciarios de Huánuco. Frente a este hecho, Zevallos manifestó que el caso evidenciaría serias deficiencias en el sistema penitenciario y en la capacidad del Estado para garantizar seguridad.
El exdirigente afirmó que las autoridades del INPE “están pintadas” y que habrían perdido autoridad frente a los reos. Asimismo, sostuvo que en una región donde —según sus palabras— no se registran grandes casos de criminalidad, este tipo de incidentes resulta aún más preocupante porque reflejaría cómo estaría operando el sistema carcelario y judicial a nivel nacional.
Recalcó que es necesario implementar un plan de reconversión del INPE y retomar el orden en el sistema penitenciario de Huánuco y el Perú. Asimismo, poner en marcha de “tolerancia cero” con los malos elementos del INPE que lucran desde el interior de los penales.
En su análisis, Zevallos consideró que no existiría confianza en las instituciones responsables de impartir justicia y brindar garantías. Según dijo, este escenario genera en la población un sentimiento de desprotección. Además, propuso que en Huánuco se reconformen las juntas vecinales, señalando que podrían contribuir a mantener el orden en sus zonas, idea que comparó —de forma referencial— con el rol que cumplen las rondas campesinas en otras localidades.
Propuesta de medidas radicales
Consultado sobre qué estrategia política debería adoptarse para enfrentar el incremento de delitos, Zevallos respondió que la prioridad debería ser una política de “mano dura”. Según indicó, las medidas aplicadas hasta el momento serían “timoratas” y deberían ser reemplazadas por acciones más severas contra delincuentes de alta peligrosidad.
En ese marco, cuestionó el enfoque centrado en el respeto a estándares internacionales, mencionando a la Corte Interamericana y los derechos humanos. En sus palabras, planteó que debería diferenciarse si estos derechos se enfocan en el ciudadano o en el delincuente, postura que abre un debate sensible en torno al equilibrio entre seguridad y garantías constitucionales.
En otro momento de la entrevista, al ser consultado por el impacto de sanciones como la cadena perpetua, Zevallos señaló que no garantizarían una solución de raíz, pero sí podrían mitigar el problema. Incluso, expresó estar de acuerdo con la pena de muerte para quienes, según su opinión, no tendrían posibilidad de rehabilitación y cometen crímenes graves.
Estas afirmaciones, sin embargo, forman parte de la posición personal del entrevistado y se enmarcan en un debate legal y social amplio, dado que la legislación nacional y compromisos internacionales del país establecen restricciones sobre ese tipo de medidas.
