Dirección de Agricultura Huánuco: Director acusado de abuso de autoridad

Director regional enfrenta tormenta legal mientras defiende su gestión administrativa

El Director Regional de Agricultura de Huánuco, Yarushel Valenzuela, enfrenta múltiples denuncias por presunto abuso de autoridad. La controversia surge por un recálculo de intereses legales adeudados a trabajadores, que redujo significativamente los montos a pagar. Valenzuela defiende su gestión y acusa a un grupo de empleados de incumplimiento laboral.

Valenzuela reveló que enfrenta “un promedio de ocho denuncias penales por abuso de autoridad” presentadas por trabajadores del régimen 276. El conflicto se originó cuando un juez ordenó el pago de intereses por bonificaciones atrasadas. Según el director, un cálculo inicial realizado por un “consultor externo” arrojó montos excesivos, que luego fueron corregidos a la baja.

“De un trabajador que con el cálculo inicial se había determinado 43 000 soles, con el nuevo cálculo se había determinado 14 300 soles”, explicó Valenzuela. “Se dan cuenta de la magnitud que pudo haberse generado el daño al estado si es que se hubiese reconocido este monto calculado de manera errónea”.

El funcionario defendió su actuación, argumentando que tiene la obligación de “velar por los intereses” del Estado. Sin embargo, admitió haber cometido un error al generalizar críticas hacia los trabajadores en una sesión del Consejo Regional. “El error es humano definitivamente, todos estamos propensos de cometer errores y creo que es de una persona valiente reconocerlos”, afirmó.

Valenzuela también cuestionó el desempeño de algunos empleados: “Existe gente que llega ocho de la mañana, marca su entrada, saca una papeleta de permiso, lo ves por la calle, lo ves por los pasillos del gobierno regional”. No obstante, reconoció que hay “una gran cantidad de gente consciente” entre los trabajadores permanentes.

Dato:

El caso ha generado tensiones laborales en la Dirección Regional de Agricultura. Mientras Valenzuela defiende su gestión, citando una ejecución financiera del 92% en 2023, los trabajadores afectados mantienen sus acusaciones. El desenlace de las investigaciones determinará si hubo realmente abuso de autoridad o si se trató de una corrección legítima de errores administrativos.