Tras la destitución de la senadora Isabel Allende por la frustrada venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, diputados del Partido Socialista han anunciado que evaluarán recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para investigar a otros cinco parlamentarios por presuntamente haber firmado contratos con el Estado, lo que está prohibido durante el ejercicio del cargo, según la Constitución chilena.
Los legisladores, encabezados por Daniel Manouchehri, señalaron que, dado el precedente jurídico, debería aplicarse el mismo criterio para quienes efectivamente ejecutan contratos, algunos de los cuales aún están vigentes. Entre los mencionados en el reportaje de La Clínica figuran los diputados Jaime Mulet y Ximena Ossandón, y los senadores Juan Castro, Luciano Cruz-Coke y Fidel Espinoza.
Manouchehri declaró: “Si el TC destituyó a Isabel Allende por un contrato no consumado, imagínese cuál debe ser el criterio con contratos ejecutados”.
Los implicados se defendieron rápidamente. Jaime Mulet afirmó haber abandonado la sociedad Rodríguez y Compañía en 2018, antes de cualquier vínculo contractual. Ossandón, con participación mínima en la empresa Cumplo, aseguró que esta no tiene contratos con el Estado. Cruz-Coke explicó que el arrendamiento a un jardín infantil se celebró en 2015, antes de ser diputado, aunque el contrato continuaba vigente. Fidel Espinoza sostuvo que dejó su participación en una radio en 2005, aunque reconoció no haber actualizado el Registro de Comercio oportunamente.
El caso ha reabierto el debate sobre la transparencia y las incompatibilidades en la función pública, y pone bajo la lupa a figuras políticas de diversos sectores en un momento de creciente escrutinio ciudadano.
