La reciente intervención de la presidenta Dina Boluarte durante el aniversario de la Marina de Guerra del Perú reflejó el esfuerzo del Gobierno por proyectar autoridad frente a la creciente ola de extorsiones y asesinatos que golpean al sector transporte. Sin embargo, su mensaje —centrado en la unidad institucional y el compromiso del Ejecutivo— evidencia también las limitaciones de una estrategia que, hasta el momento, no se traduce en resultados visibles.
Boluarte aseguró que su gestión “no se hará la ciega” ante la violencia que afecta a los transportistas y afirmó que el Estado atenderá sus reclamos. Reconoció, además, que la delincuencia actual es el resultado de “décadas de abandono”, e incluso la vinculó con la inmigración ilegal, un argumento que busca identificar causas estructurales pero que, según especialistas en seguridad, corre el riesgo de simplificar un fenómeno más complejo.
En su discurso, la mandataria apeló a la memoria de la crisis política de diciembre de 2022 para reforzar la idea de continuidad y estabilidad. Al describir al país como un “barco sin rumbo” que su gobierno habría enderezado, Boluarte intentó recuperar legitimidad en un contexto de protestas sociales recurrentes y bajo respaldo ciudadano.
No obstante, la reacción del gremio transportista sigue siendo de cautela. Pese a las mesas técnicas promovidas por la Presidencia del Consejo de Ministros, los dirigentes sostienen que las medidas concretas aún no llegan. La presidenta insistió en la necesidad de “unidad entre instituciones y sociedad”, pero la eficacia de esa convocatoria dependerá de si el Ejecutivo logra pasar del discurso al cumplimiento de políticas sostenidas contra el crimen organizado.
La ciudadanía, mientras tanto, continúa esperando señales claras de coordinación y resultados tangibles frente a una violencia que no da tregua.
