En una controvertida decisión anunciada tras el Consejo de Estado, la presidenta Dina Boluarte confirmó que se ha aprobado un marco legal para que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas sean procesados exclusivamente en el fuero militar-policial cuando utilicen sus armas reglamentarias en el cumplimiento de sus deberes. Boluarte explicó que el objetivo es respaldar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función, considerando al fuero militar como el espacio adecuado para juzgar sus acciones en estos contextos. La noticia fue presentada en rueda de prensa y reportada por el periodista Daniel Muñoz en La República.
La presidenta detalló que, para iniciar un proceso en el fuero militar, se requerirá un informe de la Inspectoría de la PNP o el equivalente en las Fuerzas Armadas, lo que permitirá evaluar el contexto y la legalidad del uso de la fuerza. Según Boluarte, este marco legal se formuló para reforzar la seguridad ciudadana y proteger la labor de las fuerzas de seguridad en momentos de crisis, como los estados de emergencia o en situaciones de alto riesgo.
Implicaciones del fuero militar para el juzgamiento de policías y militares
La medida ha generado un intenso debate. Como señaló el abogado constitucionalista Heber Joel Campos para La República, el fuero militar debería ser aplicable únicamente para aquellos actos que estén directamente relacionados con las funciones operativas de la policía y los militares. Campos explicó que esta norma no debería suponer una protección total ni una exclusión del fuero civil en casos donde se haya cometido un delito común, incluso si ocurre durante el ejercicio de sus funciones.
“La propuesta del Gobierno plantea una desviación de la práctica constitucional, ya que da paso a que presuntas infracciones de derechos humanos, cometidas en contextos de protestas o estados de emergencia, sean tratadas exclusivamente en el fuero militar, lo que podría limitar el acceso a justicia para las víctimas y sus familiares”, afirmó Campos.
Este cambio en el fuero judicial para el juzgamiento de policías y militares ha sido criticado por defensores de derechos humanos, quienes sostienen que el fuero militar históricamente ha demostrado limitaciones en la sanción de abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad. Bajo este nuevo marco, situaciones como las ocurridas en protestas sociales recientes podrían quedar fuera del alcance de la justicia ordinaria, lo que suscita preocupación en diversos sectores sobre la posible impunidad en casos de abuso de poder.
Proyecto de ley y antecedentes en el Ejecutivo
El Gobierno de Boluarte había intentado incorporar esta medida en el proyecto de ley sobre “terrorismo urbano” discutido el mes pasado, pero finalmente la norma fue excluida de esa iniciativa. Sin embargo, el Ejecutivo persistió en su intención de asegurar el procesamiento de fuerzas de seguridad en el ámbito militar-policial. Para algunos críticos, la insistencia del Gobierno en aplicar esta medida refleja una intención de blindar a las fuerzas del orden ante futuros actos de represión durante el control de protestas sociales y situaciones de emergencia, dejando abierta la posibilidad de que los abusos no se juzguen en un foro imparcial.
Endurecimiento de medidas migratorias
En el marco de las reformas anunciadas, Boluarte también informó que el Gobierno ha decidido endurecer las penas para los extranjeros que hayan sido expulsados de Perú y que intenten ingresar nuevamente de manera irregular. Aunque no dio detalles específicos sobre las sanciones, este incremento punitivo es parte de una serie de medidas para fortalecer el control migratorio en el país. Esta iniciativa refleja un enfoque del Ejecutivo en la seguridad nacional y el control de la migración irregular, que ha sido motivo de preocupación en el último año.
Rol y competencias del Consejo de Estado
La aprobación de estas medidas tuvo lugar en el Consejo de Estado, un órgano consultivo cuyo propósito principal es brindar asesoramiento al presidente de la República en asuntos de interés nacional y decisiones estratégicas. Este consejo está integrado por los representantes de los órganos constitucionales más importantes del país, como el Presidente del Consejo de Ministros, los presidentes del Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
A diferencia de un organismo de ejecución, el Consejo de Estado tiene una función deliberativa y sus recomendaciones no son vinculantes, lo que significa que el Presidente no está obligado a acatar sus recomendaciones. Sin embargo, la naturaleza consultiva de este órgano es fundamental para tomar decisiones en momentos de crisis o en temas que exigen consenso político, como es el caso del marco de protección para policías y militares.
La controversia y las preocupaciones sobre impunidad
La aprobación de esta norma ha generado una fuerte reacción entre defensores de derechos humanos y expertos constitucionalistas. Para muchos, establecer un proceso de juzgamiento exclusivamente en el fuero militar-policial podría derivar en una serie de impunidades ante abusos cometidos durante la represión de protestas sociales o en el marco de un estado de emergencia. El procesamiento de miembros de las fuerzas de seguridad en el fuero civil ha sido una garantía fundamental en la rendición de cuentas ante violaciones de derechos humanos y, en ese sentido, este cambio en el sistema judicial representa una posible amenaza a esa garantía.
El abogado Heber Joel Campos subrayó que el marco legal planteado por el Gobierno de Boluarte podría ir en contra de la Constitución peruana, que establece un equilibrio entre el fuero militar y el fuero civil para juzgar a los miembros de la policía y las fuerzas armadas. Campos añadió que se corre el riesgo de vulnerar derechos fundamentales al restringir el acceso a un fuero imparcial y proteger a las fuerzas de seguridad de procesos judiciales en la justicia ordinaria.
Conclusión
La decisión del Gobierno de procesar a los miembros de la PNP y las Fuerzas Armadas en el fuero militar-policial plantea interrogantes sobre el equilibrio entre el deber de garantizar la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos. Para muchas organizaciones civiles, esta medida representa un retroceso en términos de transparencia y justicia, al crear un entorno que podría obstaculizar la rendición de cuentas en casos de abuso de poder.
En un país donde las protestas sociales han cobrado protagonismo y la ciudadanía exige con frecuencia respuestas sobre la actuación de sus autoridades, el marco aprobado por Boluarte podría abrir una brecha en la relación entre el Estado y los derechos civiles. La decisión final sobre la implementación de esta norma será clave para definir el compromiso de Perú con los derechos humanos y la protección de sus ciudadanos, así como la independencia de su sistema judicial en la rendición de cuentas.
