En una decisión significativa anunciada el 15 de agosto, la Fiscalía de la Nación retiró su recurso de apelación, lo que permitirá que los abogados de las víctimas registradas durante las manifestaciones realizadas entre diciembre y febrero del año pasado interroguen a la presidenta Dina Boluarte y al primer ministro Alberto Otárola. Ambos líderes políticos están siendo investigados por los delitos de homicidio calificado y genocidio.
La Fiscalía había intentado aplazar los interrogatorios, presentando una apelación en marzo de este año. Sin embargo, durante la audiencia de este martes, se anunció que el Ministerio Público finalmente desistió de la apelación. Esto llevó al juez a cargo, César San Martín, a disponer que se proceda con la decisión inicialmente tomada por el Poder Judicial de autorizar el interrogatorio a la mandataria y el primer ministro.
La fiscal Silvia Jackeine Sack Ramos, representante de la institución en el caso, anunció la decisión, precisando que el documento fue presentado inicialmente por el fiscal Helder Uriel Terán el último lunes. En conversación con La República, el abogado Carlos Rivera Paz, defensa de los deudos, manifestó su intención de agendar lo más pronto posible los interrogatorios con la presidenta y el primer ministro.
