Durante un balance de su gestión en el Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte enfrentó preguntas sobre su supuesta conexión con Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, a quien se le acusa de haberlo ayudado a escapar de la justicia. Afirmó contundentemente que no encubriría a ningún fugitivo y que instaba a quienes lo escondieran a entregarlo, advirtiendo que serían considerados cómplices.
Boluarte, quien no ha hecho declaraciones públicas en más de 100 días, enfatizó: “La única persona que usa el cofre es la presidenta. Hay cinco vehículos asignados a la Presidencia y no encubriré a ningún prófugo, llámese como se llame”. A pesar de las insinuaciones, la presidenta no confirmó su participación en la Comisión de Fiscalización, pero aseguró que responderá “dentro del marco que corresponda” y que sí asistirá a las citaciones de la Fiscalía.
Un momento tenso ocurrió cuando se le preguntó sobre a quién había visitado en el condominio Mikonos, ubicado en el balneario de Asia. Boluarte se mostró evasiva y consideró que la pregunta invadía su privacidad: “Nadie está obligado a revelar con quién se reúne, especialmente en temas de seguridad familiar”.
La presidenta continuó explicando su uso del ‘cofre’, negando las afirmaciones de que este regresó vacío. Aclaró que, al ser jefa de Estado, existe un marco de seguridad que debe ser respetado: “Efectivamente, fui en uno y me recogieron en otro, con toda mi escolta”.
Es relevante señalar que, de acuerdo con el programa Punto Final, su visita al condominio se llevó a cabo en un momento cercano a un operativo para capturar a Cerrón y sin la habitual comitiva de seguridad. El traslado fue realizado por Félix Montalvo Guevara, chofer del ‘cofre’, quien llevó a Boluarte desde el Palacio a las 7:15 horas del 24 de febrero y regresó al día siguiente a las 9:37 horas, sin escolta. Según su abogado, esto fue parte del procedimiento regular. Montalvo pasó la noche en la comisaría de Asia, cuyo comisario, el mayor Rafael Horna Moreno, tiene vínculos familiares con Edgar Horna, un funcionario del Estado Mayor General.
Punto Final intentó obtener información de la comisaría sobre el operativo, pero la Policía respondió que no podían atender la solicitud en ese momento, lo que añade más controversia a la situación.
