El Congreso de la República ha cerrado un capítulo más en la saga judicial que involucra a la presidenta Dina Boluarte. La Comisión Permanente, instancia clave en el proceso de acusaciones constitucionales, decidió archivar la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación en relación al controvertido caso ‘Rolex’, un asunto que ha generado intensos debates sobre la ética y la transparencia en la función pública. Esta decisión política, que consolida la postura previamente adoptada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), exonera a la mandataria, al menos por ahora, del presunto delito de cohecho pasivo impropio, relacionado con la recepción de lujosos relojes y otras joyas del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. La denuncia queda así, momentáneamente, sin efecto.
Según la investigación publicada por El Comercio, el debate dentro de la Comisión Permanente fue notablemente breve, apenas unos minutos, y se centró en la lectura de las conclusiones del informe, sin que la presidenta de la SAC, María Acuña, tuviera oportunidad de intervenir. La votación final reflejó una clara división, con 14 votos a favor del archivo, 8 en contra y una abstención. El apoyo provino principalmente de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Acción Popular (AP) y Somos Perú, evidenciando una coalición que ha sido determinante en la resolución de este caso.
La congresista Nilza Chacón, de Fuerza Popular, fue la encargada de elaborar el informe que sirvió de base para el archivo. Su argumento principal se centró en la interpretación restrictiva del artículo 117 de la Constitución, que limita las causales para acusar a un presidente en ejercicio a casos específicos como traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o no convocar a elecciones en los plazos establecidos. Chacón argumentó que formular una acusación fuera de estos supuestos contravendría el principio de legalidad y constituiría una infracción constitucional. Esta interpretación ha sido clave para desestimar la denuncia fiscal.
Frente a las múltiples denuncias constitucionales en su contra, la presidenta Boluarte ha manifestado públicamente que estas no la distraen de sus funciones. “Aquellas denuncias presentadas al por mayor ante el Congreso no nos distraen, de eso se encarga mi abogado. Yo estoy aquí, firme y fuerte”, declaró durante una actividad oficial. Esta postura refleja una estrategia de minimizar el impacto de las acusaciones y proyectar una imagen de estabilidad y continuidad en el gobierno.
El primer ministro, Eduardo Arana, también ha salido en defensa de la presidenta, cuestionando la validez de las denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía de la Nación. Arana ha argumentado que estas demandas se basan en especulaciones y que existe un “uso indebido de los mecanismos de la justicia”. Al igual que la congresista Chacón, Arana ha insistido en la limitación de las causales para denunciar a un jefe de Estado según el artículo 117 de la Constitución.
En respuesta a las acciones de la Fiscalía, el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, ha anunciado que presentará una denuncia contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Portugal alega presuntas “inconsistencias, mala fe y conducta institucional desafiante” por parte de Espinoza, quien presentó cinco denuncias constitucionales contra Boluarte en un corto período de tiempo, intensificando la confrontación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.
Este desenlace no significa el final de las investigaciones, pues la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de información en sus declaraciones de bienes, que aún está pendiente en la SAC. Otros casos, como el relacionado a las cirugías de la presidenta, el caso “Cofre” y Qaliwarma, también están pendientes en la SAC. El proceso legal continuará su curso.
