La presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso el pasado 9 de julio, norma que beneficia a policías, militares y miembros de comités de autodefensa procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.
Esta acción se produjo a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le había ordenado frenar la promulgación para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
El Proyecto de Ley N° 7549 concede amnistía o, como han calificado diversas organizaciones, impunidad, a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos en el periodo señalado. Además, la norma contempla la misma disposición para adultos mayores de 70 años por “carácter humanitario”.
En una resolución del 24 de julio, la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, recordó que el Estado peruano había vulnerado los derechos de los ciudadanos de manera extrajudicial y exhortó a los jueces a no aplicar la ley en caso de que se promulgue.
La Corte subrayó que la suspensión de la norma debía mantenerse hasta que se analice la solicitud de ampliación de medidas provisionales y se evalúe el impacto en los casos La Cantuta y Barrios Altos.
