El Poder Judicial ha ordenado que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, cumpla 36 meses de prisión preventiva mientras se investigan sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Waykis en la sombra. Este grupo, según las autoridades, habría manipulado cargos estratégicos en instituciones públicas, y Nicanor es señalado como su líder. La decisión, emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, se fundamenta en la falta de arraigo laboral y domiciliario del imputado, así como en el riesgo de fuga debido a su vínculo familiar con la mandataria.
En un informe publicado por La República, la periodista Pamela Arroyo detalla que Nicanor Boluarte permanece prófugo de la justicia y su paradero sigue siendo desconocido incluso para sus abogados. Este hecho ha desatado especulaciones sobre una posible interferencia de la presidenta en el caso.
La posición legal: ¿Puede Dina Boluarte comunicarse con su hermano?
El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, ha sostenido que, aun si la mandataria se comunicara con su hermano prófugo, no estaría incurriendo en delito alguno. Según Portugal, el Código Penal peruano contempla la Excusa Absolutoria, que exime de responsabilidad a los familiares directos por actos de encubrimiento personal.
“El delito de encubrimiento personal no alcanza a los familiares directos. Dina Boluarte es presidenta, pero también es ciudadana, y no existe ninguna disposición legal que elimine su derecho a comunicarse con su hermano en estas circunstancias”, declaró Portugal.
Además, el jurista argumentó que la preocupación de Dina Boluarte por la salud de su hermano sería legítima, aludiendo a supuestos problemas médicos que este podría estar enfrentando.
Esta interpretación legal ha sido confirmada por la periodista Rosa María Palacios, quien explicó que el Código Penal peruano excluye del delito de encubrimiento a las personas con vínculos de parentesco directo con el imputado, incluso si ayudaran a facilitar su fuga.
La controversia: audios y reuniones bajo sospecha
No obstante, la narrativa sobre la legalidad de la relación entre la presidenta y su hermano se ha visto complicada por las pruebas presentadas durante las investigaciones. Según información obtenida de los teléfonos del general PNP Carlos Morán y del coronel Harvey Colchado, se habrían registrado reuniones y comunicaciones en las que presuntamente se buscaba interferir en el caso de Nicanor Boluarte.
De acuerdo con las pruebas entregadas por Colchado a la Fiscalía, el 25 de marzo Dina Boluarte, su abogado Mateo Castañeda, Morán y Nicanor habrían sostenido una reunión en la que, según los audios, se habrían realizado llamadas para influir en el curso del caso.
Estas revelaciones incrementan la presión sobre la presidenta, quien hasta el momento ha evitado pronunciarse directamente sobre el tema. Aunque legalmente no pueda ser acusada de encubrimiento debido al vínculo familiar, las implicancias éticas y políticas de su presunta interferencia agravan el panorama.
Los riesgos para el Gobierno
La situación ha generado un intenso debate político y jurídico, poniendo en el centro de atención la credibilidad de la administración Boluarte. Por un lado, sus opositores argumentan que cualquier intento de interferencia en el caso sería una muestra de abuso de poder, mientras que sus defensores insisten en que la presidenta ha actuado dentro de los márgenes legales.
El juez Concepción Carhuancho enfatizó que la orden de prisión preventiva responde también a la posibilidad de que Nicanor Boluarte utilice sus lazos familiares para evadir la justicia. En este contexto, las declaraciones de su abogado y las pruebas presentadas refuerzan las sospechas sobre la implicación de Dina Boluarte en el caso.
Impacto en la percepción pública
El caso no solo afecta la imagen de Dina Boluarte, sino que también expone las debilidades del sistema judicial y político peruano. Las acusaciones de manipulación, las filtraciones de audios comprometedores y la falta de avances concretos en la captura del prófugo alimentan la percepción de impunidad en las altas esferas del poder.
Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha intensificado los operativos para dar con el paradero de Nicanor Boluarte. Las autoridades han emitido alertas tanto a nivel nacional como internacional, pero aún no se han registrado avances significativos.
Conclusión
El caso “Los Waykis en la sombra” no solo pone a prueba la independencia de las instituciones judiciales, sino también la capacidad del Gobierno para manejar un escándalo de esta magnitud. Aunque Dina Boluarte no pueda ser procesada penalmente por comunicarse con su hermano, las implicaciones éticas de su conducta seguirán siendo objeto de escrutinio público.
La atención nacional se centra ahora en los próximos movimientos de la PNP, el desarrollo de las investigaciones y el impacto político de un caso que amenaza con convertirse en un nuevo capítulo en la historia de corrupción y privilegios en el Perú.
