A tres días de que el Congreso de la República censurara al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la presidenta Dina Boluarte aún no ha oficializado ni la aceptación de su renuncia ni la designación de su reemplazo. Esta omisión, según especialistas constitucionales, podría significar una infracción a lo establecido por la Carta Magna.
El caso vuelve a poner el foco en la gestión presidencial y en su capacidad para reaccionar con celeridad ante decisiones claves del Parlamento.
“El Presidente de la República acepta la dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes”, establece con claridad el artículo 132 de la Constitución Política del Perú. A pesar de este mandato, hasta las 11:00 a.m. del lunes 24 de marzo —hora de cierre de esta nota— no se ha publicado ninguna resolución que oficialice la salida de Santiváñez ni se ha anunciado la juramentación de su sucesor.
La censura a Santiváñez fue aprobada el pasado viernes 21 de marzo, poco antes de la 1 de la tarde, durante una sesión plenaria del Congreso. Con 78 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, el Parlamento determinó su salida por considerar que no respondió con eficacia a la creciente ola de inseguridad ciudadana que afecta al país. La decisión fue respaldada por la mayoría simple del número legal de congresistas (más de 66 votos), conforme al reglamento interno del Legislativo.
Marco constitucional y el reloj en contra
El artículo 86 del Reglamento del Congreso es tajante: una vez censurado, el ministro debe presentar su renuncia, y la presidenta de la República tiene un plazo de 72 horas para aceptarla. Sin embargo, hasta el momento, no hay evidencia oficial de que esa formalidad se haya cumplido.
El constitucionalista Alejandro Rospigliosi, consultado por El Comercio, fue enfático: “La Constitución también establece que la aceptación de la renuncia se da dentro de las 72 horas posteriores a la censura. Eso es independiente a si notificaron a la presidenta; es decir, no se requiere una resolución o notificación de por medio para que el ministro censurado dimita”.
Rospigliosi también advierte que, de no haberse producido la aceptación formal de la renuncia dentro del plazo constitucional, tanto la presidenta Dina Boluarte como el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, estarían incurriendo en una “infracción constitucional”.
Antecedentes recientes
La presidenta Boluarte ha actuado con mayor rapidez en situaciones similares en el pasado. Un ejemplo concreto ocurrió el 26 de noviembre de 2024, cuando el Congreso censuró a Rómulo Mucho Mamani, entonces ministro de Energía y Minas. En ese caso, la mandataria aceptó la dimisión al día siguiente, el 27 de noviembre, y lo hizo mediante una resolución suprema publicada en un boletín extraordinario de normas legales.
Ese precedente deja en evidencia que el Ejecutivo puede actuar rápidamente cuando así lo considera necesario. La demora actual, por tanto, ha generado desconcierto entre analistas y críticos del gobierno, que observan en este hecho no solo una posible falta administrativa, sino una señal de desorganización o incluso de cálculo político.
¿Por qué fue censurado Santiváñez?
Juan José Santiváñez asumió el cargo como ministro del Interior en medio de un clima tenso. Desde el inicio de su gestión fue cuestionado por su falta de experiencia en temas de seguridad ciudadana y por presuntas vinculaciones con personajes investigados en el ámbito judicial. Sin embargo, fue la inacción frente al incremento de la criminalidad lo que terminó por costarle el puesto.
Durante su breve gestión, la ciudadanía no percibió mejoras sustantivas en la seguridad, especialmente en Lima y otras ciudades donde los delitos violentos y la extorsión se han vuelto parte del día a día.
“La inseguridad está desbordada y el ministro no ha presentado soluciones concretas. No basta con operativos esporádicos”, declaró el congresista Edward Málaga en el debate previo a la votación.
A pesar de la decisión del Parlamento, Santiváñez aceptó su salida con declaraciones moderadas: “Nos corresponde aceptar la decisión del Congreso. La respetamos y finalmente vamos a seguir trabajando”, expresó tras conocer el resultado de la votación.
Vacío de poder y especulaciones
La ausencia de un nuevo titular en el Ministerio del Interior, más allá de ser una formalidad legal, representa también un vacío de poder en una de las carteras más sensibles del Estado. El Mininter no solo es responsable de la Policía Nacional del Perú (PNP), sino también de la coordinación de acciones de seguridad con gobiernos regionales y locales.
En tiempos de crisis de seguridad, la falta de una figura de autoridad clara y debidamente nombrada puede afectar la planificación operativa y la ejecución de políticas públicas.
Durante las últimas 72 horas, la falta de designación ha abierto la puerta a múltiples especulaciones sobre los posibles nombres que baraja el Ejecutivo para ocupar la cartera del Interior. Fuentes cercanas al gobierno han señalado que se busca una figura de perfil técnico y sin antecedentes que generen polémica, algo que ha resultado difícil debido al escaso margen de maniobra del actual gobierno.
Reacciones políticas y silencio oficial
Hasta el momento, ni la presidenta Boluarte ni el premier Adrianzén han ofrecido declaraciones sobre la demora. Desde la oposición se han comenzado a elevar críticas más duras, acusando al Ejecutivo de actuar con negligencia ante una situación crítica.
“No se puede jugar con los plazos constitucionales. La presidenta tiene la obligación de respetar el marco legal y designar a un nuevo ministro con urgencia”, afirmó la congresista Ruth Luque, vocera de Cambio Democrático – Juntos por el Perú.
El silencio del Ejecutivo, sumado a la inacción frente a una resolución del Congreso, alimenta la percepción de un Ejecutivo débil o, al menos, desarticulado. En redes sociales y foros políticos, la falta de una respuesta oficial ha motivado reclamos ciudadanos y exigencias de transparencia.
¿Qué sigue ahora?
De persistir esta omisión, diversos constitucionalistas han señalado que el Congreso podría plantear una denuncia por infracción constitucional contra la presidenta Boluarte y el primer ministro Adrianzén. Esto elevaría la crisis a una nueva dimensión institucional, sumando presión a un gobierno que ya enfrenta índices de desaprobación crecientes.
Además, la ausencia de una autoridad en el Ministerio del Interior deja sin timón a una de las instituciones clave para el control del orden público, especialmente cuando se prevén protestas sociales y demandas regionales que podrían escalar.
El país se encuentra, nuevamente, ante una oportunidad para observar cómo responde el Ejecutivo frente a los límites que impone la Constitución. Lo que decida —o no decida— la presidenta Boluarte en las próximas horas marcará no solo su respeto por el marco legal, sino también su capacidad de liderazgo en tiempos de crisis.
