La seguridad minera en el distrito de Pataz, región La Libertad, se encuentra en estado crítico tras el trágico fallecimiento de 13 trabajadores de la empresa R&R, contratista de la Compañía Minera Poderosa. Este incidente ha desencadenado una respuesta gubernamental contundente, buscando restablecer el orden y la legalidad en la zona. La problemática de la minería ilegal y la inseguridad laboral en la región no son recientes, pero este último suceso ha forzado una reacción inmediata por parte del Ejecutivo.
Según la investigación publicada por El Comercio, la presidenta Dina Boluarte Zegarra ha declarado el toque de queda en la provincia de Pataz, como una medida para garantizar la seguridad y facilitar las investigaciones correspondientes.
La medida, que entrará en vigor en breve, establece la restricción de libre tránsito desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. en todo el distrito de Pataz. Además, la presidenta Boluarte anunció que las Fuerzas Armadas asumirán el control total del área donde opera la minera Poderosa, incrementando significativamente la presencia militar en la región. Este despliegue tiene como objetivo no solo controlar la situación actual, sino también prevenir futuros actos de violencia y garantizar la seguridad de los residentes y trabajadores.
En un esfuerzo por abordar la raíz del problema, el gobierno planea instalar una base militar permanente en el distrito de Pataz. Adicionalmente, se buscarán facultades legislativas del Congreso de la República con el propósito de crear un marco legal más robusto para combatir lo que la presidenta Boluarte ha denominado “terrorismo urbano”. Este enfoque busca dotar a las autoridades de las herramientas necesarias para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la zona.
La mandataria también anunció la suspensión de todas las actividades mineras en la provincia de Pataz por un período de 30 días, con la posibilidad de prórroga. Este tiempo permitirá la instalación adecuada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como la revisión exhaustiva de las concesiones mineras y la situación de los Reinfos (Registro Integral de Formalización Minera) que se encuentren en estado de suspensión.
Boluarte fue enfática al señalar la necesidad de erradicar la subcontratación irregular en el sector minero. Exhortó a las empresas concesionarias a no subcontratar sus áreas, ya que esta práctica dificulta el control y la identificación de quienes participan en la actividad minera, abriendo la puerta a la infiltración de elementos criminales. La presidenta comparó la brutalidad del ataque con el accionar de Sendero Luminoso durante los años 80 y 90, subrayando la gravedad de la situación y la determinación del gobierno para combatirla.
En sus declaraciones, Boluarte expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reafirmó el compromiso del Ejecutivo de no permitir que estos actos de crimen organizado queden impunes. Subrayó la necesidad de un marco legal sólido para enfrentar el “terrorismo urbano” con firmeza, estableciendo un precedente para la seguridad y la legalidad en la región minera de La Libertad. Se estima que la minería ilegal mueve miles de millones de soles al año en el país, convirtiéndose en un negocio sumamente lucrativo para organizaciones criminales.
