Tras la tragedia en el Real Plaza Trujillo, que dejó seis fallecidos y más de 80 heridos el pasado 21 de febrero, la presidenta Dina Boluarte solicitó una investigación rápida y profunda para determinar a los responsables del colapso del techo en el patio de comidas. Sin embargo, este pedido genera controversia, pues la mandataria promulgó recientemente la Ley N°31914, que restringe la clausura de centros comerciales, incluso cuando estos representan un riesgo para la seguridad pública.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, defendió la postura de Boluarte y aseguró que el Gobierno promueve la inversión privada con responsabilidad social. No obstante, enfatizó en la necesidad de encontrar a los responsables del suceso y aplicar las sanciones correspondientes.
“La señora presidenta ha sido enfática en afirmar que queremos una inversión privada con responsabilidad social. Por ello, ha solicitado una investigación profunda y rápida que permita determinar los autores y responsables de este suceso y asegurar una sanción para los mismos”, declaró Adrianzén.
Real Plaza Trujillo: ¿por qué no se clausuró antes?
La Ley N°31914, impulsada por el fujimorismo y aprobada bajo la gestión del expresidente del Congreso, Alejandro Soto, modificó la Ley 28976, reduciendo las facultades de las municipalidades para clausurar establecimientos peligrosos.
Esta norma establece que la clausura temporal solo se aplicará si se detecta un peligro inminente y que el local podrá reabrir en 48 horas si el propietario corrige las observaciones y lo notifica a la autoridad. Además, si la municipalidad no responde en ese tiempo, la clausura se levantará automáticamente.
El artículo 49 de la norma indica que los alcaldes tienen la facultad de ordenar cierres temporales o definitivos de establecimientos, pero Alejandro Cavero, congresista de Avanza País, recibió la aprobación de la ley argumentando que evita cierres arbitrarios de centros comerciales.
Cuestionamientos y repercusiones
El colapso en el Real Plaza Trujillo ha generado una ola de críticas contra el Gobierno y el Congreso, pues la Ley N°31914 habría dificultado el cierre de este centro comercial a pesar de posibles advertencias sobre fallas estructurales.
Mientras se inicia la investigación, la controversia sobre la legislación vigente y la seguridad en establecimientos comerciales sigue creciendo, con llamados a revisar la normativa para evitar nuevas tragedias.
