La designación de embajadores políticos, una práctica común en diversas administraciones, ha cobrado relevancia en el actual gobierno de Dina Boluarte, generando debate sobre la idoneidad y las motivaciones detrás de estas elecciones. Este tipo de nombramientos, donde se priorizan lealtades políticas o alianzas partidarias sobre la carrera diplomática, plantea interrogantes sobre la profesionalización del servicio exterior peruano y su impacto en la representación del país a nivel internacional, especialmente en un contexto global complejo y demandante que requiere una estrategia diplomática sólida y coherente.
Según la investigación publicada por El Comercio, el gobierno de Dina Boluarte mantiene un total de ocho embajadores políticos en puestos clave. Esta cifra incluye tanto a personas sin carrera diplomática como a diplomáticos en situación de retiro, lo que ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político y entre los analistas internacionales.
Entre los embajadores políticos sin experiencia diplomática, destacan nombres como el de Luis Iberico, actual embajador en España y ex presidente del Congreso, cuya designación ha sido interpretada como un gesto hacia Alianza para el Progreso (APP), partido al que pertenece. Asimismo, Alfredo Ferrero Diez Canseco, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, ocupa la embajada en Estados Unidos, un puesto de gran importancia estratégica para el Perú. Carlos Hakansson, abogado constitucionalista y excandidato al Tribunal Constitucional, se desempeña como embajador en Costa Rica, mientras que José Luis Sardón, ex magistrado del Tribunal Constitucional, es el representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). La reciente incorporación de Gustavo Adrianzén, ex primer ministro, como representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas (ONU), ha generado particular controversia, considerando su desempeño previo y su salida del cargo en medio de la incertidumbre política.
El grupo de embajadores en retiro incluye a Luis Chuquihuara Chil, representante ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Ernesto Pinto-Bazurco, embajador en Finlandia, y Javier Paulinich, embajador en India. Si bien estos diplomáticos cuentan con experiencia en el servicio exterior, su designación como embajadores políticos ha sido cuestionada, ya que podría interpretarse como un premio o reconocimiento por servicios prestados, más que por su capacidad para desempeñar funciones específicas en sus respectivos destinos.
El internacionalista Francisco Belaunde ha señalado que la lista de embajadores políticos refleja una alianza con la derecha peruana, indicando que estas designaciones a menudo son producto de relaciones con el gobierno o acuerdos políticos. En contraste con algunos nombramientos durante el gobierno de Pedro Castillo, Belaunde considera que la mayoría de los embajadores políticos designados por Boluarte poseen las credenciales necesarias para el cargo, con la excepción de Adrianzén, cuyo desempeño como primer ministro ha sido objeto de críticas.
Expertos como Juan Velit han expresado preocupación por la práctica de premiar con embajadas a ministros censurados, enfatizando que estos puestos deben ser ocupados por personas idóneas y no como una forma de compensación política. Velit reconoce que los embajadores políticos pueden tener mayor poder y respaldo directo del presidente, pero insiste en la necesidad de priorizar la capacidad y la experiencia en la selección de los representantes diplomáticos del país. En 2023, el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores ascendió a S/ 677 millones, evidenciando la importancia de optimizar la gestión y la representación del país en el ámbito internacional.
