Diez días después de haber sido vacada del cargo por incapacidad moral, Dina Boluarte solicitó formalmente al Congreso de la República una pensión vitalicia de S/35.000 mensuales, además de un paquete completo de beneficios logísticos, incluyendo vehículo oficial, combustible, asesoría personal y resguardo estatal. El pedido fue dirigido por escrito a Fernando Rospigliosi, presidente del Parlamento, según reveló un reportaje de Cuarto Poder.
La exmandataria invocó la Ley 26519 para acceder a la pensión destinada a los expresidentes constitucionales y pidió que se le asignen todos los apoyos establecidos en el Acuerdo de Mesa N.º 78-2016. “Solicito que se me otorgue la pensión establecida en la Ley”, señaló en el oficio fechado a menos de dos semanas de su salida.
Vehículo de por vida
El paquete solicitado por Boluarte incluye un vehículo oficial de uso personal de por vida, 150 galones de gasolina mensuales (valorados entre S/2.200 y S/2.500), personal de seguridad proporcionado por el Estado, un asesor propio y un trabajador CAS elegido por ella con un sueldo de S/3.700.
Consultado por el dominical, el experto en gestión pública Martín Cabrera explicó que estos beneficios provienen directamente del presupuesto del Congreso. “Esa platita sale de la planilla del Congreso. Ella va a ser, en términos coloquiales, una jubilada del Congreso de la República”, declaró. Añadió que legalmente no existen restricciones para este cobro, salvo que el Parlamento apruebe una acusación constitucional en su contra.
Un dato clave revelado por la investigación es que, tres meses antes de su salida, Boluarte gestionó un incremento de su propio salario: pasó de percibir S/15.600 a S/35.568 mensuales. Esta medida, aprobada por su entorno de confianza, podría impactar directamente en el cálculo del monto de la pensión.
Aunque la legislación vigente establece topes, la decisión final recae en el Congreso. “No le corresponde S/35 mil. El Congreso tiene la pelota en la cancha para redefinir los criterios sobre beneficios a exjefes de Estado”, remarcó Cabrera.
Reclamos económicos adicionales
La pensión presidencial no es el único beneficio económico que Boluarte ha reclamado. También exigió al RENIEC —su anterior centro laboral— el pago de gratificaciones y bonos sindicales por más de S/428.000, pese a no haber pertenecido al sindicato. Un fallo judicial determinó que solo le correspondían S/239.000.
Además, su defensa legal en los procesos fiscales abiertos continúa siendo financiada con recursos del Estado. En abril de 2023, por ejemplo, se pagaron S/180.000 al abogado Joseph Campos por su representación ante el Tribunal Constitucional, según denuncias recientes del Congreso.
“Conciencia limpia”
Mientras avanza la evaluación parlamentaria sobre su solicitud de pensión, Boluarte ha reiterado públicamente que se encuentra tranquila. “Estoy en paz con mi conciencia. Me voy tranquila y que viva el Perú”, dijo tras su salida del cargo. Agregó que no se considera responsable de ninguno de los casos abiertos en el Ministerio Público.
Su salida estuvo marcada por investigaciones, críticas ciudadanas y una histórica desaprobación de su gestión. Aun así, hoy, a sus 63 años, Boluarte espera que el Congreso determine si accederá a una pensión que podría bordear los S/35.000, más un paquete de beneficios vitalicios financiados con fondos públicos.
