La expresidenta de la República, Dina Boluarte, reapareció públicamente este lunes durante una audiencia judicial en el marco del proceso por presunto lavado de activos vinculado al caso Los Dinámicos del Centro. Durante su intervención, Boluarte reconoció haber participado en la apertura de una cuenta mancomunada, la cual —según declaró— fue habilitada exclusivamente para reunir fondos destinados a la reparación civil del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
“Mi labor sencillamente fue abrir una cuenta mancomunada conjuntamente con otra persona, solo eso. Yo no buscaba aportantes, no los registraba. De hecho, yo tampoco aporté a esa cuenta”, afirmó la exmandataria durante su declaración, en la que se desmarcó de cualquier responsabilidad administrativa sobre el manejo de recursos partidarios.
Según el Ministerio Público, la cuenta en cuestión habría sido parte de un entramado financiero utilizado para canalizar fondos de origen ilícito hacia actividades políticas del partido Perú Libre, que postuló a Boluarte como candidata a la vicepresidencia en 2021. La Fiscalía considera que los fondos provendrían de supuestos actos de corrupción cometidos en la región Junín, cuando Cerrón era gobernador regional.
De acuerdo con la tesis fiscal, la red operaba bajo un sistema de captación de coimas a cambio de trámites irregulares en la Dirección de Transportes y Comunicaciones, cuyos ingresos habrían sido utilizados para financiar campañas y actividades del partido. Boluarte, como integrante del comité político, figura como investigada por presuntamente haber facilitado una cuenta vinculada a estas operaciones.
No obstante, durante la audiencia, la defensa de Boluarte reiteró que su participación se limitó únicamente a la apertura de la cuenta y que no gestionó fondos ni participó en la captación de aportes.
El juez Lolo Valdez, encargado de la audiencia de apelación, resolvió denegar el pedido de impedimento de salida del país por 36 meses que había sido solicitado por la Fiscalía. En su resolución, el magistrado concluyó que no existen indicios suficientes que demuestren riesgo procesal ni fuga, y además cuestionó la solidez de los indicios sobre lavado de activos.
