La presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva ola de críticas debido a la demora en promulgar la ley 9733, destinada a restablecer la detención preliminar en casos de no flagrancia. Esta norma, aprobada por el Congreso hace diez días, fue enviada al Ejecutivo para su promulgación, pero hasta la fecha, no ha recibido una respuesta oficial. Según el informe de Pamela Arroyo para La República, esta inacción ha suscitado serias preocupaciones respecto al compromiso del Gobierno en la lucha contra la criminalidad y la corrupción.
El contexto detrás de esta controversia radica en la ley 32181, promulgada el 11 de diciembre pasado, que eliminó la detención preliminar para casos de no flagrancia, restringiendo severamente las herramientas legales disponibles para fiscales y jueces en investigaciones complejas. “El Congreso reaccionó a las críticas públicas y aprobó la ley 9733 para revertir esta situación, pero su implementación ahora depende de la decisión de Boluarte”, señala Arroyo.
Detalles de la ley 9733: una herramienta crucial para la justicia
La ley 9733 fue aprobada en el Pleno del Congreso con 79 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención. Esta norma plantea modificaciones específicas al artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957), permitiendo nuevamente que los jueces de investigación preparatoria puedan emitir mandatos de detención preliminar bajo ciertas condiciones.
En particular, el texto establece que “el juez de la investigación preparatoria, a requerimiento del fiscal, emite una resolución debidamente motivada, teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, y dicta mandato de detención preliminar cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años”. Además, se añaden requisitos sobre la posibilidad de fuga u obstrucción a la investigación.
La norma busca ser una herramienta crucial para los fiscales que investigan delitos complejos como corrupción, crimen organizado y otros casos graves que requieren medidas inmediatas pero donde no existe flagrancia.
Demora presidencial: un trasfondo político
La demora en la promulgación de esta ley ha generado intensas especulaciones sobre posibles motivaciones políticas. El hecho de que Boluarte haya promulgado de manera expedita la ley 32181, que eliminó la detención preliminar en no flagrancia, contrasta fuertemente con la actual dilación. Este contraste ha alimentado las dudas respecto al interés de la mandataria en fortalecer las capacidades del sistema judicial.
Algunos analistas sugieren que esta demora podría estar vinculada a casos recientes de corrupción que involucran a funcionarios cercanos al Ejecutivo. La falta de acción refuerza las críticas de sectores opositores que acusan al Gobierno de priorizar intereses particulares sobre las necesidades de la justicia. “Es inadmisible que en un contexto de creciente inseguridad y corrupción, la presidenta no tome decisiones rápidas para dotar de herramientas efectivas a los operadores de justicia”, declaró un congresista de la oposición.
Impacto en el sistema judicial y percepción pública
La falta de una decisión clara sobre esta ley también afecta la percepción pública del Gobierno. Organizaciones civiles y expertos en derecho han señalado que la demora erosiona la confianza en el compromiso del Ejecutivo con la lucha contra la delincuencia. “Es urgente restituir la detención preliminar para garantizar que las investigaciones no se vean obstaculizadas por maniobras legales o fugas de los imputados”, afirmó un fiscal que prefirió mantenerse en el anonimato.
Por otro lado, los defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso indebido de la detención preliminar en el pasado y han solicitado que cualquier implementación de esta norma respete estrictamente los estándares internacionales.
¿Qué sigue para la ley 9733?
A medida que se intensifican las críticas, el Ejecutivo se enfrenta a una creciente presión para actuar. Si Boluarte no promulga la norma dentro de los plazos establecidos, el Congreso tiene la facultad de publicarla directamente. Este escenario podría escalar la tensión entre ambos poderes del Estado, en un momento ya marcado por conflictos políticos.
La inacción también tiene implicaciones prácticas. Sin la promulgación de esta ley, los fiscales continúan limitados en su capacidad de actuar rápidamente en investigaciones de alto perfil, lo que podría permitir que algunos acusados eviten la justicia. “Cada día que pasa sin esta ley, el sistema judicial queda más expuesto y vulnerable frente a la criminalidad organizada”, concluyó Arroyo en su análisis.
Conclusión
La demora en la promulgación de la ley 9733 subraya una contradicción en las prioridades del Ejecutivo y pone de relieve tensiones políticas y legales en el manejo de la seguridad y la justicia en el país. La decisión de Boluarte, o la falta de ella, tendrá un impacto duradero tanto en el sistema judicial como en su propia credibilidad política.
