El gobernador regional de Huánuco, Antonio Leonidas Pulgar Lucas, acudió el miércoles 13 de agosto al Tercer Juzgado Penal Unipersonal, luego de que el juez Ebert Raúl Quiroz Laguna lo declarara reo contumaz dentro de un proceso por presunta difamación agravada interpuesto por la trabajadora Caterin Julyana Martel Clemente. La querella, registrada bajo el expediente 00629-2025-0-1201-JR-PE-03, se originó en declaraciones públicas del gobernador que, según la denunciante, la vincularon falsamente con una organización criminal.
De acuerdo con la resolución de admisión a trámite de la querella, Martel —administradora en la Oficina de Infraestructura bajo contrato CAS indeterminado— denunció que el 18 de diciembre de 2024, en conferencia de prensa, Pulgar la señaló como parte de una organización delictiva sin pruebas, lo que fue replicado en medios regionales y redes sociales. La querellante asegura que dichas afirmaciones dañaron gravemente su honor, su estabilidad laboral y su salud, pues en ese momento se encontraba embarazada.
Ausencias y orden de captura
Se conoce que el gobernador no asistió a dos citaciones previas para el inicio del juicio oral, justificando primero un viaje a Tingo María y luego una estadía en Estados Unidos. En una tercera fecha, un abogado distinto solicitó copias del expediente para “estudiarlo” sin presentar pruebas que justificaran la inasistencia del acusado. Ante esta conducta, el juez declaró su contumacia y dispuso su ubicación y captura.
Enterado de la orden, Pulgar se presentó voluntariamente la mañana del 13 de agosto en la sede judicial de Pillco Marca, evitando así ser intervenido por el Área de Apoyo a la Justicia. La audiencia se desarrolló poco después, pero fue reprogramada para el 25 de agosto debido a que su abogado principal alegó no estar preparado y mencionó problemas de salud.
Versión del gobernador y defensa legal
A su salida, Pulgar negó haber sido detenido y aseguró que su situación legal “es normal” y que asistió por “voluntad propia”. Explicó que sus ausencias anteriores respondieron a una recargada agenda de trabajo y viajes programados, y calificó como falsas las versiones que lo señalaban como intervenido durante las celebraciones por el aniversario de Huánuco.
Sobre el fondo del caso, el gobernador declaró que la intervención de equipos de cómputo en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) se dio como parte de una investigación en flagrancia y que no tiene responsabilidad sobre el personal investigado. En su contestación escrita a la querella, admitió haber hecho referencia a una organización criminal, pero argumentó que sus palabras se enmarcaron en su rol como autoridad y en hechos que, según él, revestían interés público.
Argumentos de la denunciante
Martel y su defensa consideran que la declaración fue difamatoria y carente de sustento legal, pues no existía investigación fiscal ni resolución que la vinculara con actividades ilícitas. Además, relataron que, tras la conferencia de prensa, recibió un memorándum ordenando su traslado de área, sufrió hostigamiento laboral y desarrolló un cuadro de trastorno mixto ansioso-depresivo, acreditado por certificados médicos. La querella solicita para el gobernador dos años, seis meses y veinticinco días de prisión efectiva, así como el pago de 300 mil soles por reparación civil.
Dato:
El proceso por difamación agravada continuará el 25 de agosto, fecha en la que se espera que la audiencia de instalación del juicio oral se realice sin más dilaciones. El 3° Juzgado Penal Unipersonal deberá evaluar los alegatos y pruebas de ambas partes para determinar si existió responsabilidad penal del gobernador en las declaraciones denunciadas.
