Miles de exdocentes de la región han reiterado su pedido para que el Gobierno Regional de Huánuco ejecute los fondos destinados al pago de la llamada deuda social. El reclamo se centra en que este beneficio, reconocido mediante procesos judiciales, no constituye una carga nueva para el Estado, sino una obligación presupuestada que hasta la fecha no se ha concretado, según señalaron los representantes de los gremios.
De acuerdo con César Martel Barrueta, secretario regional de los cesantes, se trata de más de 5.000 exprofesores que esperan la cancelación de una deuda que, en total, alcanza los 200 millones de soles. Martel precisó que estos recursos ya fueron previstos en ejercicios económicos anteriores y deberían destinarse de manera prioritaria a los adultos mayores, quienes en muchos casos se ven obligados a acudir con muletas o bastones a las oficinas públicas para exigir este derecho.
Según explicó el dirigente, la deuda social corresponde al reconocimiento de diez años de servicio mínimo, validado en sentencias judiciales. Martel advirtió que cientos de beneficiarios han fallecido sin poder cobrar lo que les correspondía, dejando a sus familias sin la posibilidad de reclamar. “No se trata de un favor ni de una nueva deuda: el dinero ya está presupuestado y debe ser asignado”, declaró.
Asimismo, el representante insistió en que la prioridad deben tenerla los mayores de edad, con un pago inicial no menor a 5.000 soles, pues muchos atraviesan condiciones de salud delicadas. “Los profesores que en su momento formaron a las actuales autoridades no merecen ser olvidados”, expresó, exhortando al gobernador regional Antonio Pulgar y a los responsables de tesorería a cumplir con este mandato judicial.
De acuerdo con los gremios, la deuda social fue ganada tras largos procesos judiciales y se reconoce como un derecho adquirido. Martel recordó que en reiteradas ocasiones el Estado reconoció los saldos presupuestales destinados a este fin, pero los pagos han sido postergados sin explicación clara.
El dirigente subrayó que el compromiso no debe quedar en el olvido y exhortó al procurador y al tesorero regional a dar cumplimiento a las sentencias. “No pedimos privilegios, exigimos justicia. Son más de 200 millones de soles que ya fueron previstos y deben llegar a quienes en vida entregaron su esfuerzo por la educación de Huánuco”, enfatizó.
