Una delegación de jubilados y pensionistas llegará este miércoles hasta la sede del Gobierno Regional de Huánuco para solicitar formalmente al gobernador Antonio Pulgar que gestione ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la asignación de los saldos presupuestales correspondientes al ejercicio fiscal 2025.
El objetivo, según informó el secretario general del sindicato regional, César Martel Barrueta, es que esos fondos sean destinados al pago de la llamada “deuda social”, una acreencia histórica del Estado con trabajadores cesantes de los sectores educación, salud y administración pública.
De acuerdo con Martel, la movilización contará con el respaldo de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú, y se espera que el gobernador manifieste su voluntad política de actuar. “Esto ya ocurrió antes. En la gestión de Juan Alvarado se logró una asignación importante que permitió pagar gran parte de esta deuda. Lo que exigimos ahora es que el actual gobernador también haga su parte”, sostuvo el dirigente.
La llamada “deuda social” está compuesta por beneficios no abonados durante la vida laboral de miles de trabajadores estatales, muchos de los cuales llevan más de una década esperando el cumplimiento de sentencias firmes.
Martel subrayó que el pedido no representa una carga adicional, sino el uso de recursos públicos no ejecutados por el gobierno regional. “Cada año quedan saldos. Lo que pedimos es que una parte de ellos se destine a saldar esta obligación que el Estado ya reconoce”, expresó.
Deudas postergadas por más de una década
El secretario general calificó de “abuso” e “incompetencia” que miles de trabajadores jubilados deban esperar hasta 15 años para cobrar sus acreencias. “Muchos ya fallecieron sin recibir nada, y sus familias ni siquiera saben a dónde fue ese dinero. ¿Quién responde por eso?”, cuestionó.
Según Martel, hasta el momento no se ha dado ninguna explicación institucional sobre el destino de los fondos no reclamados por beneficiarios que han fallecido en espera de una resolución.
El sindicato también expresó su preocupación por la falta de equidad en los montos asignados por el MEF. De acuerdo con sus declaraciones, en Huánuco los pagos individuales alcanzan un promedio de tres mil soles, mientras que en otras regiones o sectores los montos llegan a 15 o incluso 20 mil. “Es el mismo derecho, pero hay regiones donde se paga más porque reciben mayores asignaciones. Eso demuestra que hay una clara desigualdad”, señaló.
En 2024, el Estado habría asignado alrededor de 200 millones de soles para cubrir parte de esta deuda a nivel nacional. A Huánuco, según informó Martel, le correspondieron cerca de cinco millones. Sin embargo, esa cantidad, al ser prorrateada entre más de cuatro mil beneficiarios, apenas alcanzó para cubrir montos mínimos, generando malestar y frustración entre los jubilados.
Prioridad por edad excluye a miles de jubilados
Otro de los puntos cuestionados por el sindicato es el criterio de prioridad por edad aplicado en la distribución de pagos. Según lo dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas, los montos se entregan en primer lugar a los beneficiarios de mayor edad, lo que deja fuera a personas menores de 65 años que también tienen sentencias firmes a su favor.
“Quienes tienen 60 o 62 años todavía deben esperar años. Y cuando por fin les toque, quizá ya sea tarde. Algunos ya ni tienen fuerzas para reclamar”, advirtió Martel.
Esta situación, agregó, genera una suerte de “lista invisible” donde muchos trabajadores cesantes ven alejarse indefinidamente la posibilidad de cobrar lo que legalmente les corresponde.
Cinco mil en espera
Consultado sobre el número exacto de beneficiarios en Huánuco, Martel estimó que podría haber más de cinco mil personas con resoluciones firmes en espera de pago. La información oficial sobre este universo no ha sido publicada en los canales del Gobierno Regional, ni en los portales de transparencia del MEF. “Esa es otra demanda: transparencia. Queremos saber cuántos somos y cuánto se debe exactamente”, indicó.
El dato
Martel aseguró que la movilización de este miércoles no será solo simbólica. Según adelantó, esperan obtener un compromiso formal por parte del gobernador. “Queremos saber si está dispuesto a hacer esta gestión. Si hay voluntad, se puede. Y si no, apelaremos a otras medidas, porque no vamos a quedarnos de brazos cruzados”, enfatizó.
