La confianza en la institución policial se ha visto nuevamente golpeada tras la detención en flagrancia del suboficial de primera PNP Ezequiel Rubén Calixto Inga, quien laboraba en la Unidad de Protección de Carreteras de Tingo María. El agente fue intervenido el lunes por la mañana con 18.4 kilos de marihuana, distribuidos en 17 paquetes, durante un operativo realizado en el distrito de Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado.
La intervención estuvo a cargo de la División de Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas del Huallaga, con apoyo del Ministerio Público. Según las primeras investigaciones, Calixto Inga intentó huir y arrojó una maleta azul con cinco paquetes de marihuana desde la ventana de su vehículo. Sin embargo, fue reducido por sus colegas. Posteriormente, en su vivienda de Picuruyacu Alto, las autoridades hallaron otros 12 paquetes de la misma sustancia, además de un automóvil, dinero en efectivo, un celular y documentos vinculados a la investigación.
Fuentes policiales señalaron que esta detención podría destapar la existencia de una red criminal dentro de la propia institución policial, ya que se presume que otros dos agentes habrían logrado escapar del vehículo durante la intervención, cerca del aeropuerto de Tingo María. Según las hipótesis, algunos efectivos asignados a las carreteras no estarían reportando la droga incautada a las instancias superiores ni a la Fiscalía, sino desviándola al mercado negro.
Este hecho ha generado profunda preocupación en la ciudadanía, que exige sanciones ejemplares y una investigación exhaustiva. Para la población, el caso representa una dolorosa contradicción: quienes deberían protegerlos de la criminalidad estarían involucrados en actividades ilícitas que tanto daño causan a la juventud y a las familias huanuqueñas.
La Policía Nacional y el Ministerio Público continuarán con las diligencias a fin de identificar a los demás implicados y esclarecer el grado de responsabilidad de cada uno.
Más allá de la indignación, este caso pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno en las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública. La población espera que se haga justicia, no solo con el castigo a los responsables, sino también con una depuración real que devuelva la confianza en el uniforme policial.
