La inseguridad ciudadana en Perú vuelve a ser protagonista, esta vez en Chimbote, región Áncash, donde dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) resultaron gravemente heridos tras ser atacados a tiros por un delincuente de nacionalidad extranjera. El incidente tuvo lugar en el asentamiento humano La Balanza, en la madrugada del último lunes, generando conmoción y renovando el debate sobre los protocolos de seguridad policial y la creciente criminalidad en el país. Este suceso se enmarca en un contexto de aumento de la delincuencia transnacional en la región, sumado a las dificultades económicas que exacerban la criminalidad local. La situación ha provocado un aumento en la demanda de medidas más contundentes por parte de la ciudadanía.
Según la investigación publicada por El Comercio, el incidente se produjo luego de que los suboficiales Pierre Alexer Díaz Alcántara (suboficial de tercera) y Johnny Félix Córdova Boyer (suboficial de segunda) intervinieran al sujeto, quien presuntamente intentó asaltar a una pareja en la zona mencionada mientras se desplazaba en una motocicleta roja.
Domingo Salazar, jefe de la División Policial de Chimbote (Divpol Chimbote), informó que, tras la captura del individuo, los agentes cometieron errores cruciales en el procedimiento. En lugar de asegurar al detenido con las manos esposadas por detrás, lo hicieron por delante, facilitando que este pudiera acceder al arma de fuego de uno de los oficiales. Córdova Boyer, quien conducía el patrullero, y Díaz Alcántara, que transportaba la moto intervenida, fueron sorprendidos por el ataque. El accionar negligente de los agentes facilitó que el delincuente manipulara el arma y abriera fuego contra ambos.
El estado de salud de los suboficiales es delicado. Tras una primera atención en el Hospital La Caleta de Chimbote, fueron trasladados al Hospital Luis N. Sáenz de la PNP en Lima para recibir atención especializada. El parte médico reveló que Córdova Boyer sufrió un trauma torácico y una herida en el muslo derecho, con una perforación pulmonar y fractura de costilla. Díaz Alcántara, por su parte, presenta un trauma abdominal y una herida en el brazo izquierdo. La gravedad de las heridas ha generado gran preocupación dentro de la institución policial y la comunidad.
Tras el ataque, la Divpol Chimbote desplegó un operativo que culminó con la detención de tres individuos presuntamente vinculados al hecho. Jean Carlos Granados Mejía, de nacionalidad venezolana, fue capturado mientras se llevaba la motocicleta utilizada por el atacante, identificado como Tommy Jaferh Torres Sánchez (alias ‘Burro’), quien permanece prófugo. Granados Mejía fue encontrado en posesión de pasta básica de cocaína y municiones. Además, se detuvo a Edwin Jeanpierre Zamora Cerna, un mecánico que habría comprado la motocicleta robada a Granados Mejía, y a Daniel Rubio Carbajal, quien tenía en su poder el arma utilizada en el ataque.
Las autoridades policiales han recuperado la motocicleta robada, pero la captura de Tommy Jaferh Torres Sánchez, el principal sospechoso, sigue siendo una prioridad. Mientras tanto, se investiga el grado de participación de los detenidos en este y otros posibles delitos. Este hecho pone de relieve la importancia de la formación continua y el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad por parte de los agentes del orden.
El general PNP (r) Carlos Tuse, exjefe de la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), ha sido crítico con el actuar de los suboficiales, señalando que incumplieron los protocolos establecidos en el manual de procedimientos operativos policiales. Tuse enumeró las fallas: esposar al detenido por delante, trasladarlo en el patrullero con un solo oficial y transportar la moto del detenido. Considera que los efectivos cometieron una “negligencia flagrante” y podrían enfrentar un proceso sancionador, al igual que sus supervisores.
Frente a esta situación, el licenciado en criminología Sebastián Flores, propone el uso de bodycams por parte de los policías durante los operativos. Considera que estas herramientas tecnológicas no solo facilitarían la identificación de delincuentes y servirían como evidencia en casos delictivos, sino que también permitirían evaluar el uso proporcional de la fuerza por parte de los agentes y transparentar su labor, disminuyendo los riesgos de corrupción o abusos de autoridad. La implementación de tecnología y la revisión constante de los protocolos de seguridad son clave para fortalecer la labor policial y proteger la integridad de los agentes y la ciudadanía.
