La adquisición de 31.045 pistolas calibre 9×19 mm para la Policía Nacional —una compra valorizada en US$ 22 millones— volvió a quedar en suspenso. La Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF) decidió postergar por octava vez la adjudicación del contrato, tras identificar presuntas irregularidades y anomalías graves en el proceso de evaluación de ofertas.
De acuerdo con la información recibida por las autoridades, varias empresas extranjeras denunciaron que las bases del concurso habrían sido diseñadas para beneficiar exclusivamente a la compañía estadounidense SIG Sauer, una acusación que encendió las alertas en el Ministerio del Interior y la Contraloría General.
Fabricantes internacionales como CZ (República Checa), Beretta y Tanfoglio (Italia), IWI (Israel), Taurus (Brasil) y la misma SIG Sauer (EE. UU.) presentaron observaciones formales ante el Mininter y la Contraloría. Según sus reportes, los requisitos técnicos exigidos solo podían ser cumplidos por SIG Sauer.
Una de las denuncias señala que las bases obligaban a instalar un taller especializado para reparar pistolas SIG Sauer compradas en 2015, lo que implicaba contratar a la misma empresa norteamericana. “Las bases contienen textos específicos que sólo aplican a las armas SIG Sauer. La dirección es evidente”, reclamó uno de los postores.
Las empresas sostienen que, tras la etapa de consultas, quedó claro que la estructura del concurso restringía la competencia, contraviniendo principios de legalidad y transparencia.
La OGAF fundamentó su decisión en un documento remitido por la Secretaría de la Dirección de Administración de la PNP, que alertó sobre posibles “indicios de nulidad” en el proceso. Este concepto implica la identificación de prácticas contrarias a normas legales, principios éticos o igualdad entre postores.
Se trata del octavo aplazamiento de la compra. En la anterior postergación, la OGAF afirmó que lo hacía para atender pedidos técnicos de la División de Servicios Especiales de la PNP. Pero esta vez, la suspensión responde directamente a la detección de opacidades y posibles direccionamientos en la licitación.
El caso ha generado inquietud debido al contexto nacional de criminalidad creciente, donde la PNP opera con armas de más de una década de antigüedad, mientras bandas delictivas utilizan armamento moderno y de mayor capacidad de fuego.
La renovación del armamento policial ha sido calificada como una urgencia estratégica para enfrentar extorsiones, asaltos, sicariato y otros delitos violentos. Sin embargo, la compra se ha visto paralizada repetidamente por fallas técnicas, observaciones internas y ahora por denuncias de direccionamiento.
Mientras tanto, los agentes deben afrontar operativos diarios con pistolas desgastadas y superadas tecnológicamente por las armas empleadas por el crimen organizado.
El caso ya motivó pedidos para que la Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción intervengan el proceso de compras del Mininter, ante el riesgo de una adjudicación irregular que comprometa recursos públicos y afecte la capacidad operativa de la PNP.
